Dina Boluarte pidió al Congreso "atender de forma inmediata" el proyecto de ley que tipifica al terrorismo urbano

El último viernes, el Gobierno decretó el estado de emergencia en 13 distritos de Lima Metropolitana y en uno del Callao, en el marco de las medidas que se vienen ejecutando para luchar contra la ola de extorsiones, que originó los paros de transportistas registrados el martes y jueves de esta semana.

En ese sentido, este domingo, la presidenta Dina Boluarte hizo un llamado al Congreso para que se aborde el proyecto de ley que tipifica como "terrorismo urbano" a prácticas delictivas como el sicariato, el homicidio calificado y la trata de personas. 

"Hago un llamado a nuestros congresistas para que atiendan de forma inmediata el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Es momento de endurecer las penas, de demostrarle a la delincuencia que no van a poder con nosotros", indicó la jefa de Estado.

¿Cuándo se abordará el proyecto que tipifica el delito de terrorismo urbano en el Congreso?

El último jueves, el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, indicó que el dictamen referido al terrorismo urbano se abordará el próximo 3 de octubre en el pleno. 

"Tenemos el dictamen de 20 proyectos de ley referidos al tema de terrorismo urbano que, precisamente, engloba muchos de los ilícitos penales. El compromiso es ponerlo en agenda el próximo jueves y aprobarlo previa discusión, obviamente”, subrayó.

No obstante, ayer, sábado, Salhuana anunció en sus redes sociales que, "en respuesta a la alarmante ola de crímenes que afecta a nuestro país", propondrá "adelantar el próximo Pleno del Congreso al martes 1", para "someter a debate el dictamen sobre terrorismo urbano".

"Este ha sido el compromiso asumido hoy en la reunión con los gremios de transporte de Lima y Callao. Asimismo, reafirmo que tendremos una sesión de Pleno para tratar las iniciativas de ley en materia de seguridad ciudadana", indicó.

Cabe resaltar que, el pasado mes de junio, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 05525/2022-CR, 05838/2023-CR, 05969/2023-CR, entre otros, que propone incorporar en el Código Penal los delitos de terrorismo urbano.

Dicha propuesta consta de un artículo único que plantea la incorporación del "Capítulo II, Terrorismo Urbano, en el Título XIV del Libro Segundo del Código Penal".

Dicho capítulo comprende dos artículos. El primero, establece que quienes incurren en prácticas delictivas "generando estado de zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico, prevalencia o hegemonía en la actividad criminal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor a veinte años ni mayor a treinta años y con trescientos sesenta y cinco días-multa"

El segundo, tipifica "actos agravados de terrorismo urbano" si el infractor es de nacionalidad extranjera, pertenece a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, o comete terrorismo urbano desde el interior de un penal, entre otros. En ese caso, la pena será no menor de treinta años.

Vale indicar que, el último jueves, en conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció que el Ejecutivo remitirá al Congreso un proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano. No obstante, hasta el cierre de esta nota, RPP constató que no se registra en la página web del Parlamento que dicha propuesta haya sido ingresada a trámite. 

Magistrado de la Corte de Lima ve innecesaria propuesta del Congreso para crear figura legal de "terrorismo urbano"

El magistrado de la Corte de Lima, Walther Huayllani Choquepuma, en diálogo con RPP, consideró innecesaria la creación de la figura legal de "terrorismo urbano", ya que no contribuiría a resolver la creciente ola de extorsiones que enfrenta el país.

“No vamos a ganar mucho con una tipificación, porque el tipo [penal] ya tenemos”, afirmó.

En una entrevista en el programa Las cosas como son, Huayllani explicó que el marco normativo actual es suficiente para abordar este problema, citando el artículo 200 del Código Penal, que establece penas severas para la extorsión agravada.

El magistrado calificó como “buenas intenciones” los proyectos de ley sobre terrorismo urbano. Sin embargo, señaló que, “en este momento, no estamos para ese debate”. Además, resaltó que lo prioritario es mejorar la operatividad de la policía, dotándola de los recursos necesarios para recibir y procesar denuncias, y asegurando su colaboración efectiva con el Ministerio Público en las investigaciones.

“El problema que tenemos hoy es que no hay operador del primer órgano de respuesta de seguridad, que es la policía”, subrayó, recordando que la ciudadanía demanda una mejor actuación operativa de las fuerzas de seguridad.

“Necesitamos que la policía funcione, que proporcione información, que cumpla su rol constitucional apoyando al Ministerio Público; de esa forma, todos los lineamientos que emitan el Poder Legislativo y el Ejecutivo serán eficaces”, concluyó.