Demanda competencial contra la Fiscalía es por "una indebida interpretación de la Constitución", asegura Eduardo Arana

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, señaló que la demanda competencial contra la Fiscalía y el Poder Judicial está motivada por una incorrecta interpretación de la Constitución que, consideró, afectaría la institución presidencial.

Este recurso busca ampararse en el Artículo 117 de la Constitución, que enumera las causales por las que se puede acusar a un presidente en funciones para frenar las investigaciones contra la mandataria Dina Boluarte.

Como se recuerda, se trata del mismo argumento al que acudió Pedro Castillo para intentar cesar las investigaciones en su contra y por el que fue inhabilitada Zoraida Ávalos por el Congreso tras interpretar que el proceso debía suspenderse temporalmente hasta que el expresidente termine su mandato.

"El fiscal es parte en el proceso. No tiene la verdad en sus manos, sino una hipótesis que tiene que demostrar. La pregunta es: cuando tenga la investigación, ¿va a poder iniciar un proceso contra la presidenta? Por supuesto que no, porque el Artículo 117 de la Constitución dice que en todos los casos no previstos ahí se tiene que esperar el término del mandato", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, mencionó que es el Tribunal Constitucional la institución que debe decidir si el Ministerio Público está facultado para seguir adelante con la investigación contra Dina Boluarte.

"Muchos constitucionalistas han señalado con claridad que la potestad que tiene la Fiscalía de la Nación está prevista para el fiscal de la Nación titular. Es un tema discutible. Segundo, la institución presidencial debe protegerse en cuanto a la persona, a Palacio de Gobierno, a su trabajo, sí. Esto se ha vulnerado (...). Lo que existe es una indebida interpretación de la Constitución. Considero que el Tribunal Constitucional debe zanjar si existe esa facultad de parte del Ministerio Público para la investigación", agregó.

"El Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la demanda competencial"

En otro momento, Arana indicó que bien podría entenderse que la mandataria apelaría a sus presuntas afinidades en el Congreso cesar las investigaciones. Pero aseguró que lo que el gobierno pretende es despolitizar el proceso y dejar que decida el Tribunal Constitucional.

"Aquí lo que se trata no es de establecer un marco político, aquí no se trata de votos ni de fuerzas. Aquí se trata de inconstitucionalidad. Por eso que (...) más allá de que, entre comillas, podría tenerse amigos o podríamos tener bancadas afines y, entre comillas también, apañar a la presidenta, lo que el gobierno ha dicho es que no se trata de un tema político. Hay que despolitizar", aseveró.

"Es una forma similar de decir que existe una protección del Congreso. No es así (...). Estoy diciendo que el Congreso puede entender que bajo una negociación política puede de repente archivar. No es así. Lo que estoy diciendo es que es el Tribunal Constitucional el que debe pronunciarse", culminó.