Decano del CAL sobre propuesta de terrorismo urbano: "El que proteste podría ser objeto de un proceso represivo"

El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Raúl Canelo, se pronunció respecto a la propuesta del Ejecutivo para establecer el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, con penas que van entre los 30 años de cárcel y la cadena perpetua.

Dicha tipificación comprende a los que cometan delitos de sicariato y extorsión, siendo que este último alcanza a aquel ciudadano que "toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos (...) con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio".

Además, la propuesta señala en su única disposición complementaria que los policías y militares que sean denunciados por "actos realizados en cumplimiento de sus funciones", en el marco de los estados de emergencia, no puedan ser investigados ni procesados en el fuero civil.

"El que proteste podría ser objeto de un proceso represivo"

Canelo Rabanal consideró que la propuesta del Ejecutivo de incluir la tipificación de terrorismo urbano "no tiene sentido", pues los delitos de extorsión y sicariato ya cuentan con penas altas, incluso llegan a la cadena perpetua.

"Llamar crimen sistemático o, como en algún momento se pensó, terrorismo de baja intensidad o nombres similares, yo diría que es un esfuerzo vano, hasta estúpido, no tiene sentido. El castellano y el derecho penal es preciso: el delito se llama sicariato, se llama secuestro, se llama extorsión, se llama corrupción. ¿Por qué cambiar de nombre? El cambiar de nombre no soluciona nada", sostuvo. 

Asimismo, en cuanto a que acciones que suelen darse en el marco de protestas ciudadanas sean consideradas también como terrorismo urbano, el decano del CAL consideró que, "soterradamente", se quiere reprimir a quienes participen de dichas medidas de reclamo. 

"En cuanto la protesta, soterradamente lo que se quiere es, por ejemplo, que el que proteste podría ser objeto de un proceso represivo, cosa que no corresponde", resaltó.

Además, rechazó que policías y militares no puedan ser procesados en el fuero civil por eventuales excesos que cometan en estados de emergencia.

"Quiero decirles que hay una tremenda preocupación del Sistema Interamericano (de Derechos Humanos), me lo han expresado y están con los ojos abiertos respecto a lo que sucede en el Perú", aseveró.

"El problema aquí es atacar con inteligencia toda esta problemática, dar recursos, prevenir que el Ministerio Público tenga los recursos suficientes, que la Policía tenga un área especializada que ahora no la tiene, solamente el 15 % de los policías se dedica a investigar y no tienen ya esa experticia que tenía la antigua Policía de Investigaciones. Yo creo que no hay una verdadera voluntad del Estado para luchar contra la delincuencia y lo que hay son, más bien, paliativos, disuasivos o un discurso populista, demagógico, en relación con las leyes, no tengo duda de ello", puntualizó.