Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la nueva ley de contrataciones del Estado

El Consejo de Ministros aprobó este jueves el proyecto de la nueva ley de contrataciones del Estado que tiene como objetivo facilitar y destrabar la ejecución de obras públicas en el país.

"Es un proyecto de ley que será enviado con carácter de urgencia al Congreso y que va a significar una segunda ola en el proceso de reforma del Estado a través de las adquisiciones para consagrar la lucha frontal contra la corrupción y la eficiencia", dijo Alberto Otárola, titular del Gabinete, durante una conferencia de prensa ofrecida desde la sede de Palacio de Gobierno, en la que también participaron la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

El premier explicó que el dispositivo es "pionero", pues "va a maximizar" el uso de los recursos en las contrataciones de bienes, servicios y obras del Estado sobre la base de la lucha anticorrupción y la eficiencia en estos procesos por parte de las instituciones públicas.

Los atributos del proyecto

Alberto Otárola indicó que un análisis del Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores reveló que, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, más de 1 300 funcionarios fueron acusados de actos de corrupción, por lo que actualmente afrontan procesos por presunto peculado, colusión y negociación incompatible.

De acuerdo con el jefe del Gabinete, este escenario se produjo “por un inadecuado uso” de la norma vigente y la “falta de enfoque de prevención de corrupción de la ley”.

“Esta reforma tiene un contenido enfocado en la facilitación y destrabe de las obras públicas. Se optimiza los factores de evaluación en lugar de únicamente el precio, se incorpora contratos estandarizados de ingeniería y de construcción con la experiencia internacional”, detalló.

El jefe del Gabinete remarcó también que el proyecto establece que los procesos de contratación serán más cortos y eficientes, amplía los impedimentos de los sancionados por corrupción e incorpora el pacto de integridad en la contratación pública.