Préstamo de relojes de Wilfredo Oscorima implicaría un beneficio para Dina Boluarte, según exfiscal anticorrupción

El exfiscal supremo anticorrupción, Martín Salas Zegarra, remarcó que el préstamo de un reloj marca Rolex por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, hacia la presidenta Dina Boluarte también implicaría un beneficio para ella, en el marco de la investigación por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

En diálogo con RPP, el abogado explicó que este ilícito se configura cuando el funcionario público -en este caso, la mandataria- recibe algún beneficio o dádiva de índole patrimonial. En su mensaje el último viernes, Boluarte aseguró que “fue una equivocación” aceptar los relojes “en calidad de préstamo”.

“Cuando se habla de un préstamo, el reloj es un patrimonio de alguien. En este caso, bajo la versión de Boluarte, es el patrimonio de Oscorima, eso es cuantificable económicamente, tiene un valor, la presidenta ha salido a decir que ella pide disculpas porque lo único que quería era verse bien (…) estamos hablando de un tema de imagen y el trabajo de la imagen también es cuantificable económicamente, entonces hay un beneficio”, refirió.

Asimismo, indicó que “no habría posibilidad” de que la investigación contra la presidenta se archive tras sus declaraciones ante la Fiscalía, debido a que los presupuestos de configuración del delito por los cuales se le investiga se están dando.

“Lo que se está haciendo es recabar elementos de convicción para pasarlo a la siguiente etapa, que quizás sería derivarlo al Congreso de la República”, apuntó.

Congreso podría iniciar investigación

En ese sentido, tampoco descartó de que Oscorima pase a ser investigado por este caso, o bien se convierta en colaborador eficaz.

“Estamos hablando de delitos de corrupción de funcionarios, el tema de cohecho pasivo propio implica que para que haya un funcionario corrupto, tiene que haber un corruptor, la indagación del fiscal está buscando a ese corruptor”, señaló.

Para Salas, el Congreso también podría iniciar una investigación paralela a la realizada por el Ministerio Público, pues está dentro de sus facultades e iría por el lado administrativo, a fin de resolver si Boluarte desarrolló o no sus actividades como presidenta con normalidad.

“En este caso sería un acto de investigación para determinar si en el ejercicio de sus funciones por parte de la presidenta, dentro del derecho administrativo, se desarrollan o no con normalidad, vale decir si hizo un buen uso de su cargo o materializo actividades disfuncionales que merman no solamente la imagen pública de la presidenta, sino también su actuación sobre el poder que le otorga la Constitución”, dijo.