Asesora del Mininter advierte que robo de celulares puede acarrear otros delitos como extorsión

La asesora del Ministerio del Interior, Giovanna Vélez Fernandez, consideró adecuadas las modificaciones incluidas en el Decreto Legislativo que establece una pena de hasta 30 años para el robo agravado de celulares. Asimismo, señaló que la comisión de este delito no solo implica una afectación a la propiedad, sino que puede acarrear vulneraciones a la información de cuentas e incluso la intimidad.

"Este decreto legislativo que salió publicado ayer es parte del paquete de la delegación de facultades otorgada por el Congreso y una preocupación del ministro Vicente Romero (...). De acuerdo a cifras de Osiptel, se roban 4 mil 574 celulares al día, 198 por hora y tres celulares por minuto. Es importante indicar que el celular ya no solamente tiene un valor por lo que cuesta, sino porque a través del mismo los delincuentes pueden acceder a información como cuentas, contactos e incluso a nuestra propia intimidad", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"El cambio está justamente en que no se considere esta conducta como robo simple, que tiene una pena menor, de tres a ocho años. Este agravante va a permitir que la pena sea efectiva. Esto va a potenciar el trabajo de la Policía, que hace todo el esfuerzo de detener incluso en flagrancia, ponerlos a disposición del sistema de justicia y luego se les puede dar una pena suspendida, salir en libertad y volver a delinquir", agregó.

Otras modalidades

En otro momento, Vélez Fernandez precisó que, con respecto a la venta de celulares robados, se impondrá una pena de hasta 12 años para quienes incluso solo exhiban los productos. Del mismo modo, se penará también la posesión de chips activados que pueda presumirse un posible uso delictivo.

"Aquellos que exhiban los productos o sus partes podrían tener una pena de hasta 12 años", aseveró.

"Sobre la posesión de chips activados, si es que es para cometer delitos o se puede presumir que va a ser para ello va a ser también una conducta penal. Luego, la venta de aquellos celulares que tienen el IMEI, que es un código específico del teléfono, modificado. Si hay una comercialización de estos equipos que se sabe tienen procedencia ilícita también va a ser una conducta delictiva", finalizó.