Nelson Shack señala que Contraloría "no tiene competencia" en los casos de los congresistas 'mocha sueldo'

El contralor general de la República, Nelson Shack, se refirió a los casos de los parlamentarios que han obligado a sus trabajadores a que les den parte de su sueldo y precisó que si bien se encuentran en desacuerdo con este accionar, la Contraloría no tiene competencia al no tratarse de un recurso público.

"En el caso del Congreso, en el caso de los ´mocha sueldos´, es absolutamente inaceptable. Efectivamente, estamos en contra de que eso suceda. No puede pasar eso en nuestro Parlamento, pero lamentablemente desde la perspectiva legal-constitucional que tiene la Contraloría es un manejo de recursos que no son públicos. Cuando le mochas el suelo a un trabajador, ese sueldo ya no es recurso público, sino privado. Por tanto, la Contraloría ya no tiene competencia ahí. Sin embargo, en los otros casos como el buffet, las alfombras, los pagos que se dan en la semana de representación, que sí son recursos públicos, la Contraloría está interviniendo ", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Como se recuerda, las congresistas involucradas en esta práctica son María Cordero Jon Tay, Magaly Ruíz, Heidy Juárez, Rosio Torres y Katy Ugarte.

 

"845 funcionarios han sido imputados con responsabilidades administrativas, civiles y penales"

En otro momento, Nelson Shack indicó que 845 funcionarios deberán enfrentar distintos tipos de procesos por no haber tenido un óptimo desempeño frente a la reconstrucción de daños ocasionados por las intensas lluvias en todo el país.

"Son más de 845 funcionarios los que han sido imputados con responsabilidades administrativas, civiles y penales sobre los problemas de toda la reconstrucción. No han hecho bien su trabajo y producto de esas situaciones ahora lo que tenemos es que han habido muchas demoras en la activación rápida de la respuesta ante la emergencia que ha pasado desde el mes de febrero y que hasta la fecha no hay mayores gastos por parte del Gobierno nacional, regional y local. Salvo excepciones, se han demorado mucho en actuar. Pero también por parte del Gobierno nacional se necesita mayor apoyo y mayor liderazgo para flexibilidad algunas normas", explicó.

"Los gobiernos regionales y locales al principio estuvieron esperando a que el Gobierno nacional les transfiera recursos cuando ellos tenían plata en su presupuesto y tenían que operar de manera inmediata haciendo las modificaciones presupuestarias y no lo hicieron. En segundo lugar, hay una serie de procedimientos administrativos que complican enormemente la gestión. Si todos sabemos que las normas están hechas y contienen mucha ineficiencia en la operación, imagínate cómo funciona en la emergencia. Eso colapsa", finalizó.