La reforma de las pensiones

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Comencemos por reconocer que hablar de la reforma del sistema de pensiones contrasta con los temas que resuenan todos los días: discutibles leyes penales aprobadas sin mayor consulta, improvisación para hacer frente a desafíos graves como la criminalidad organizada, retrasos como los cometidos frente a los incendios forestales, opacidad como las maniobras para eliminar la autonomía del Ministerio de la Mujer, etc.

Por otra parte nadie puede poner en duda que era necesario reformar un sistema que había generado un amplio descontento, el mismo que se ha expresado en el masivo retiro de fondos de las AFPs. Y tampoco puede desconocerse que la estructura de las familias ha cambiado tanto en tan poco tiempo que ya no se puede contar con la capacidad de hijos y nietos para hacerse cargo de sus ancianos padres y abuelos.

La esperanza de vida ha aumentado, lo cual es una excelente noticia, pero la longevidad actual supone mantener más años a personas de edad que han dejado de ser productivas.

Por cierto la reforma previsional no va a resolver dos temas estructurales que arrastramos desde hace mucho tiempo y que se anclan en limitaciones de nuestra cultura: la informalidad laboral y la poca disposición a ahorrar para los años de jubilación.

En espera de su reglamentación, la ley publicada en El Peruano introduce algunas mejoras. La primera es subir la pensión mínima, para establecerla en 650 soles por mes. La segunda es condicionar las comisiones que cobran las AFPs al rendimiento de los fondos. Ya no volverá a suceder que los aportantes vean sus fondos reducirse, mientras que las Administradoras mantenían su inmerecido nivel de ingresos. Y finalmente la idea de destinar 1% del impuesto a la ventas (IGV) para crear fondos previsionales. Como en otros países, ese mecanismo puede favorecer el ahorro de los más pobres, a la vez que contribuir a formalizar el comercio.

No se resuelven los problemas más graves, pero al menos nuestro sistema previsional será un poco menos disfuncional. 

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