El gobierno designó hace varias semanas como ministro del Interior a un general retirado de la Policía, Víctor Torres, que hasta el momento no ha dado pruebas de su idoneidad para el ejercicio del cargo.
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Por grave que haya sido el acto de agresión a la Presidenta Dina Boluarte en Ayacucho, no debemos perder el sentido de las proporciones y menos aún añadir dificultades al funcionamiento de la Policía Nacional. Comencemos por reconocer que la prioridad es la lucha contra la criminalidad organizada y contra la corrupción en el seno del Estado. El gobierno designó hace varias semanas como ministro del Interior a un general retirado de la Policía, Víctor Torres, que hasta el momento no ha dado pruebas de su idoneidad para el ejercicio del cargo. Felizmente los viceministros han sido mantenidos, no sabemos si por decisión del ministro o pese a él. El ministro Torres es el responsable político del sector Interior, pero el Comandante general de la Policía, Jorge Angulo, es el responsable del diseño y la ejecución de la estrategia general y de los operativos. La seguridad de la Jefa de Estado es formalmente responsabilidad de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, que debe coordinar todo lo relativo a la seguridad y los desplazamientos de la presidenta con la Policía y las Fuerzas Armadas. Coincidentemente ayer se ha cesado al Jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINI y se ha nombrado en su reemplazo a un contralmirante en situación de retiro, Luis García Barrionuevo. Un país con instituciones bien coordinadas puede enfrentar con éxito a la criminalidad. La desunión solo beneficia a la delincuencia. Y dificulta también la adopción de medidas de cooperación con nuestros vecinos, en particular con los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, cuyos cancilleres sesionaron ayer en Lima. La sesión ha sido de por sí un buen paso. Pero lo importante es que las decisiones operativas se ejecuten y que los servicios de cada uno de los países compartan información y no cedan a la tentación de la desconfianza y el nacionalismo en materia de seguridad ciudadana.
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