El exprocurador anticorrupción José Ugaz, la procuradora Silvana Carrión y el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, se sumaron a las críticas contra la autógrafa de ley que limita la colaboración eficaz.
El exprocurador anticorrupción José Ugaz explicó la importancia de que no entre en vigencia la autógrafa de ley que limita la colaboración eficaz, pues la figura, tal como está, ha permitido condenas como en el caso del expresidente Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos. Además, el Estado ha podido recuperar cientos de millones de dólares gracias a los colaboradores.
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"Nosotros somos testigos de excepción, porque cuando llegamos a hacer las investigaciones desde la Procuraduría para el caso Fujimori y Montesinos nos encontramos que las reglas procesales eran de 1941, diseñadas para lidiar con estafas, robos, hurtos, pero no con redes criminales. Penetrar una red criminal, entender su lógica, saber cómo está establecida la relación jerárquica, qué tipo de metodología aplican no es una cosa fácil. Por tanto, los primeros meses eran de una derrota tras otra porque no podíamos avanzar en las investigaciones y ahí es que, inspirados en la ´ley pentiti´, la ley de arrepentimiento del sistema italiano, decidimos promover esta ley de colaboración eficaz en diciembre del año 2000", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"La ley hoy tiene 23 años y ha probado ser absolutamente eficaz, como su nombre lo indica, y ha aportado muchísimo. Si miramos hacia atrás, la gran cantidad de condenas que hubo en el caso Fujimori-Montesinos se debe a esta ley. ¿Qué hubiera sido de esa investigación si una colaboradora como Matilde Pinchi o los colaboradores tenientes de las Fuerzas Armadas que nos explicaron cómo funcionaba la organización al interior del sistema de inteligencia montado por Montesinos? ¿O aquellos colaboradores que nos explicaron cómo se había coactado el Poder Judicial o el Congreso de la República? El resultado de eso es que hoy se han recuperado varios cientos de millones de dólares gracias a esos colaboradores y los tres principales dirigentes de esa red criminal están condenados a 25 años de cárcel", agregó.
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Silvana Carrión: Ley que limita la colaboración eficaz está "de espaldas a la realidad"
La procuradora pública Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, también se ha sumado a las críticas contra la autógrafa de ley y expresó que la figura no sería útil para la lucha contra la corrupción.
“Definitivamente, ataca directamente al instituto de la colaboración eficaz. El principal cambio que trae esta ley es el asunto del plazo corto que ha impuesto para los procesos de colaboración eficaz (8 meses, como máximo); pero este plazo está de espaldas a cómo se viene aplicando los plazos en el proceso de colaboración eficaz, actualmente. De espaldas a la realidad”, expresó anteriormente en en Ampliación de Noticias.
“La norma tampoco hace una diferencia respecto a las colaboraciones de personas naturales y de personas jurídicas. Desde el 2018, ya hay una legislación especial sobre colaboraciones de empresas y que no se hace ninguna mención a la ley. Definitivamente, en un plazo de ocho meses, no se va a poder cerrar una colaboración corporativa, de ninguna manera”, agregó.
Eduardo Herrera: Autógrafa de ley actúa como elemento disuasor en procesos complejos
En esa misma línea, el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, ha precisado que la autógrafa de ley actúa como elemento disuasor en los procesos más complejos que necesitan intervención internacional.
"La irregularidad y la mala práctica judicial no se va a solucionar con una norma. Si un aspirante a colaborador no tiene pruebas y sindica por sindicar irresponsablemente, eso no se regula con una norma. Se regula empezando a trabajar en la administración de justicia. Ningún presidente de la República ha querido tomar la lucha contra la corrupción desde la administración de justicia (...). El proyecto de la norma disuade. No sé si la intención sea disuadir. Espero que no", explicó en Ampliación de Noticias.
La corroboración en procesos de esta magnitud, donde hay muchos órganos vinculados internacionalmente, exige un plazo determinado que va a rebasar los ocho más cuatro meses que exige la norma procesal. Entonces, enviar una comunicación a Estados Unidos para que devuelva la respuesta puede demorar mucho más tiempo. Y ahí nos excedimos el plazo. Por eso es que considero que es muy pequeño", enfatizó.
Organizaciones criminales tienen una capacidad de defensa que "triplica el trabajo de nuestros jueces y fiscales"
Por otro lado, Ugaz explicó que si bien la ley de colaboración eficaz es perfectible y se pueden hacer mejoras en los plazos, la capacidad económica, profesional y de defensa de las organizaciones criminales triplica el trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial.
"Entiendo que hay gente que se desespera en estos tiempos y dice que Lava Jato tiene cinco o seis años y no hay una sola condena condena importante. Es verdad que la ley es perfectible. Puede promoverse un debate con la academia, con los mejores operadores legales para poder discutir dónde hacer ajustes. En los plazos se pueden hacer mejoras, pero hay que entender que finalmente estamos hablando de un sistema que funciona con base en equipos fiscales que no tienen recurso humano —es un fiscal con dos adjuntos que tienen que ver 20, 30, 40 casos inmensos, con cientos de personas investigadas—, que no tienen tecnología a su disposición, que no tienen recursos —para hacer una pericia hay que esperar meses", aseveró.
"Entonces el tema no es decir voy a bajar de tres años a 12 meses. Si es que no le doy los recursos, esto igual va a seguir dilatándose porque el problema está en qué capacidad le estamos dando a los fiscales y sus equipos para este trabajo. Esto es como un partido de fútbol en que en un lado de la cancha hay 11 jugadores, el de los corruptos, y al otro lado un equipo de fulbito de seis. Y no tienen evidentemente la capacidad de avanzar porque, además, la cancha está inclinada. Las organizaciones criminales tienen capacidad económica, profesionales con maestría, doctorados, equipos técnicos qie les proveen de una capacidad de defensa que duplica, triplica el trabajo de nuestros fiscales y jueces en el Perú", finalizó.
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