Wilson Soto pide que proyecto de ley que limita que sentenciados por delitos graves postulen en elecciones se vea en el pleno de este jueves

¿Qué necesita el Pleno del Congreso para agendar, sin más demoras, el dictamen que propone limitar la participación de personas que han cumplido condenas por delitos graves como homicidio, terrorismo o corrupción en procesos electorales?

Para el congresista Wilson Soto, uno de los parlamentarios impulsores de esta propuesta, corresponde a la presidenta de la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Martha Moyano, impulsar que esta iniciativa sea vista en el Pleno. 

“Este dictamen está "en cuarto intermedio" y, por ello, llamamos a la presidenta Martha Moyano para que, de una vez por todas, en el próximo Pleno que tenemos este jueves, podamos aprobar este importante proyecto de ley. Se trata de una reforma constitucional que se tiene que aprobar en dos legislaturas ordinarias [consecutivas]”, señaló el legislador en entrevista en Ampliación de Noticias de RPP.

Soto añadió que es un tema que no debería tener mayor espera y reconoció que está tomando bastante tiempo para su debate (está en agenda del Pleno desde el año pasado). “[Este proyecto] modifica un único artículo de la Constitución y corresponde que la presidenta Moyano haga el pedido para que sea debatido en este pleno”, indicó. 

La propuesta de ley limita que personas que han cumplido condena por delitos graves como homicidio o terrorismo, tráfico de drogas y hasta los delitos asociados a corrupción; postulen en elecciones para aspirar a cargo público, hasta diez años después de haber cumplido su condena.

La demora en el debate y aprobación de esta propuesta de ley preocupa, pues definir esta condición es clave con miras al siguiente proceso de elecciones generales. La iniciativa forma parte de las reglas de juego con las que postularán los próximos candidatos y candidatas y que deben quedar definidas con un año de anticipación a la fecha de la convocatoria a elecciones; es decir, hasta abril del 2025.

A la fecha, la ley vigente permite que toda persona que ha sido condenada por delitos como tráfico de drogas, abuso sexual, colusión, peculado, homicidio, secuestro y hasta por terrorismo; y que hayan cumplido su pena, pueden participar de un proceso electoral y ser elegidos sin inconvenientes.