El derecho a revocar a alcaldes y gobernadores: conoce parte de la historia de esta herramienta democrática

El 23 de noviembre de 1997, los ciudadanos de 60 distritos y una provincia fueron los primeros en acudir a las urnas para decidir la continuidad o no de sus autoridades municipales, en aplicación del derecho a la revocatoria establecido en la Constitución Política de 1993. Entonces, de las 190 autoridades sometidas a la consulta, 42 alcaldes y 93 regidores fueron revocados.

La Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades es una figura incorporada expresamente en los artículos 2 y 31 de la Constitución de 1993, al establecer el derecho de los ciudadanos a la remoción o revocación de autoridades. La Ley 26300, de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, promulgada en mayo de 1994, establece el procedimiento para la consulta de revocatoria.

Entre 1997 y 2021 hubo 12 consultas por la revocatoria de autoridades municipales. La primera consulta de revocatoria implicó un presupuesto de 5 millones 800 mil soles y la más costosa se realizó en la provincia de Lima el 17 de marzo de 2013, con un gasto superior a los 70 millones de soles. Por las características de la capital en número de población y su régimen como región con autonomía política, el Jurado Nacional de Elecciones vio conveniente desarrollar el proceso de manera separada de las demás circunscripciones.

Uno de los promotores de la consulta de revocatoria en Lima fue el abogado Marco Tulio Gutiérrez.

"De lo que se trata acá es del ejercicio de un derecho de la Constitución consagra, como es el derecho de revocar a las autoridades que alguna vez elegimos, pero que en su gestión demostraron ser ineficientes, demostraron no ser capaces como en el caso de Lima estar a la altura de las necesidades de obras que tiene una gran ciudad como en nuestra metrópoli", manifestó.

Revocatoria a Susana Villarán 

Susana Villarán, entonces alcaldesa de Lima, cuestionó la revocatoria en su contra, al sostener que hubo un complot desde el inicio de su gestión.

“Soy consciente que existen reclamos legítimos; sin embargo, este proceso de revocatoria fue promovido por la voluntad de algunas fuerzas políticas que conspiraron desde el primer día para destituir a esta gestión”, señaló.

La consulta del 2013 significó convocar a más de 6 millones 300 mil ciudadanos de Lima para decidir si la alcaldesa provincial, Susana Villarán, y la totalidad de los regidores continuaban o no en sus cargos. Aunque Villarán logró evitar la revocatoria, 22 regidores tuvieron que dejar la municipalidad; 19 de ellos eran integrantes de Fuerza Social, el movimiento político de la alcaldesa. Otros 17 concejales se salvaron de la revocatoria.

En 2019, seis años después de la consulta y mientras enfrentaba una investigación fiscal, Susana Villarán admitió que en sus campañas contra la revocatoria de 2013 y para la reelección en 2014, recibió aportes de las constructoras Odebrecht y OAS, empresas involucradas en el caso de corrupción más grande de América Latina: Lava Jato.

Elmer Cáceres, la última consulta popular

La Ley 26300 de 1994 estableció que se tendrían que convocar nuevas elecciones si se confirmaba la revocatoria de más de un tercio de los miembros del Consejo Municipal o del Consejo Regional. Sin embargo, desde 2015, la Ley 30315 determinó que en ningún caso habrá nuevas elecciones municipales, ya que un alcalde revocado será reemplazado por el primer regidor en funciones, y los regidores, por los accesitarios de su lista.

La última consulta popular de revocatoria se realizó el domingo 10 de octubre de 2021 en 13 distritos de 11 departamentos del país. Un grupo promovió la recolección de firmas para intentar revocar al entonces gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, pero no consiguieron las firmas necesarias, informó en esa ocasión Liz Barrera, especialista de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones.

"Es necesario que se adhieran esas solicitudes de revocatoria, el 25 % de electores de determinadas jurisdicciones, es por ello por lo que, en el caso de Arequipa, pues no se logró dar un trámite favorable tal vez no a la revocatoria", explicó.

Aunque Elmer Cáceres Llica no estuvo incluido en la consulta de revocatoria de octubre de 2021, dos meses después el Jurado Nacional de Elecciones lo suspendió del cargo tras ser detenido por actos de corrupción. En 2023, fue condenado a siete años de prisión.

La próxima consulta popular de revocatoria está prevista para junio de 2025, por lo que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) estableció el sábado 8 de junio de 2024 como fecha de cierre del padrón de electores a nivel nacional, un año antes, como disponen las normas vigentes.

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