Iván Lanegra: ley de financimiento de partidos "se podría corregir" en cuanto a obligaciones sobre el uso de recursos públicos

El secretario general de la Asociación Civil "Transparencia", Iván Lanegra, en diálogo con RPP Noticias, comentó las recientes investigaciones periodísticas que señalan que los partidos Somos Perú, Perú Libre y Renovación Popular usaron el financiamiento público de sus organizaciones para consultorías y el pago de sus líderes.

Al respecto, Lanegra precisó que, en la legislación actual, los partidos políticos no están sujetos a la misma normativa respecto al uso de financiamiento público a la que sí están sometidas todas las demas entidades públicas.

"Hay dos problemas. Uno legal, que creo que se podría corregir fácilmente, que es el hecho de que no hay en la ley que establece el financiamiento partidario, la obligación de usar las mismas reglas que se usan para los fondos públicos (...)  Es decir, si este dinero estuviera en una entidad pública, habría un conjunto de obligaciones (...) y eso mismo podría ser aplicado en este fondo. Ahí hay algo que hay que corregir", explicó.

En esa línea, consideró que otro punto que corregir en la normativa electoral son las capacidades de la ONPE para fiscalizar el uso que hacen las organizaciones políticas de estos fondos públicos.

"La oficina que ve el tema del financiamiento partidario es relativamente pequeña. Y creo que, otra cuestión que hay que corregir, es aumentar las capacidades de la ONPE para hacer una fiscalización mucho más adecuada de este fondo (...)  Además, se han recortado los plazos que tiene la ONPE para hacer esta fiscalización. Ahora es de un año, un periodo muy corto para hacer este trabajo", sostuvo.

Adicional a estos "reajustes" que propone, Lanegra señaló que el financiamiento "debería estar atado a resultados sustantivos" obtenidos por los partidos. 

"La idea es que, al final, un partido político sea más fuerte. ¿Cómo se mide eso? Si el año 2016 solo se presentó candidatos en 4 departamentos, y en el 2021 solamente 4 departamentos, y se le dio dinero para que fortaleciera sus capacidades, es evidente que no lo logró. Ese puede ser un indicador", refirió.

Otros indicadores que señaló fueron la participación de la gente joven y de las personas pertenecientes a pueblos indígenas en la vida partidaria, y el uso de los recursos para financiar las campañas de hombres y mujeres en el marco de políticas paritarias de representación.

"Ese tipo de indicadores ayudaría a que el fondo, en verdad, apunte a fortalecer a los partidos que, finalmente, es el objetivo de los recursos", remarcó.

 

¿Los partidos vulneraron la norma?

Por otro lado, Iván Lanegra consideró que los tres partidos involucrados en las informaciones periodísticas, "en general", no vulneraron la norma sobre el financiamiento público a los partidos, pero consideró que, "respecto a la actual campaña electoral", hay una "cuestión gris" en la ley.

"Ahí hay una cuestión gris respecto a si en estas elecciones municipales se puede hacer directamente un servicio orientado a capacitar directamente a candidatos para esta elección. Es algo estrictamente dirigido a subvencionar una actividad que es parte de los gastos de campaña. Ahí puede haber una discusión inicial", sostuvo.

En ese sentido, consideró que había dos cuestiones que la ONPE debería analizar respecto a los "servicios de coaching" que pagaron los partidos en beneficio de sus candidatos a las elecciones 2022.

"Uno es si el servicio se prestó, es una cuestión de la que debe haber evidencia si ocurrió. Segundo, que es una cosa más compleja y yo creo que sí tiene la ONPE la capacidad de evaluar, y es si hay alguna forma de evasión oculta de los recursos que se han asignado", señaló.

Respecto al segundo punto, el secretario general de Transparencia explicó que las organizaciones políticas deberían estar en condiciones de sustentar que los servicios contratados tienen "ese valor en el mercado".

"La ONPE tendría que evaluarlo haciendo un sencillo estudio de mercado, ver cuánto cuesta un coaching de capacitación en temas de comunicación. Si se ha pagado algo cercano a eso, creo que no habría problema. Pero si el valor que han pagado es 5 o 6 veces lo que cuesta en el mercado del servicio, yo creo que ahí la ONPE sí podría plantear un cuestionamiento, que en verdad se está haciendo un uso irregular de los recursos asignados", precisó.

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