Más de 20 autoridades elegidas en las últimas elecciones han sido suspendidas o vacadas de sus cargos

El pasado 19 de setiembre, el alcalde provincial de Moyobamba, en San Martín, Ernesto Peña Robalino, fue detenido por la Policía Anticorrupción a solicitud de la Fiscalía por haber cometido presuntos actos de corrupción. A Robalino se le acusa de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

A la fecha, el burgomaestre afronta nueve meses de prisión preventiva, ordenada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Moyobamba, luego de que el fiscal Willian Fustamante Rafael presentara audios y conversaciones de WhatsApp que respaldan su acusación. 

Robalino Peña resultó elegido alcalde en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 celebradas en octubre del año pasado. La población de Moyobamba lo escogió para gobernar la provincia hasta el 2026, pero a nueve meses de haber iniciado su gestión se encuentra fuera del cargo y, en lo que respecta a sus credenciales como autoridad, será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) quien resuelva su caso.

En La Libertad, el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, fue suspendido por el Concejo Provincial decidió por unanimidad el pasado 14 de setiembre, por tener vigente una sentencia en segunda instancia por delito doloso. 

Como se recuerda, el burgomaestre fue condenado en 2019 por el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el delito de difamación agravada contra una jefa de la comisaría del distrito de Moche. Al ser ratificada la sentencia, el caso de Arturo Fernández Bazán está a la espera del cumplimiento del plazo de apelación y posterior resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 

Pero estas no son las únicas autoridades con problemas relacionados a sus cargos de elección pública.

Autoridades vacadas 

Según información del Jurado Nacional de Elecciones, son veintidós autoridades entre congresistas, regidores municipales y consejeros regionales que se encuentran a la fecha vacados desde que se desarrollaron las últimas Elecciones Regionales y Municipales 2022 en octubre del año pasado. Otras tres autoridades están en calidad de suspendidas. 

De las veintidós, ocho fueron vacadas por no asistir a tres sesiones consecutivas del Concejo sin justificar o seis sesiones no consecutivas en un periodo de tres meses, conforme manda la ley. Es decir, fueron vacados por no presentarse a realizar la labor para la cual fueron elegidos. 

En Tacna, el regidor distrital Luis Solis Palacios tuvo que ser vacado por contar con condena consentida por delito doloso. Y en el caso del regidor limeño del distrito de Santiago de Surco, Armando Subauste Bracesco, tuvo también que ser vacado por ejercer función en cargo ejecutivo o administrativo, algo que está prohibido según la ley.

¿Cómo afecta la rotación de autoridades políticas a la gestión pública? ¿Existe un impacto directo en la ciudadanía que eligió a estas autoridades? Especialistas opinan al respecto y nos ayudan a entender el panorama. 

“Por supuesto que afecta la gestión pública, sobre todo en municipios donde hay muchas carencias ciudadanas, donde hay un déficit de equipamiento urbano y eso afecta la vida de los peruanos y, por consiguiente, termina afectando la calidad de la democracia en el país”, señala José Koechlin, coordinador académico del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

Agrega que el cambio de autoridades, más aún cuando los motivos son por propias faltas a lo exigido por ley, aumenta la desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos y en el mismo Estado. “Es por ello que terminamos desilusionados de los políticos, de las elecciones y de los mecanismos para elegir a los mejores cuadros. Todo ello deja de servir al ciudadano en la práctica”, indica.

Desde Cajamarca el politólogo Gianfranco Vigo sostiene que es necesario modificar la Ley Electoral para lograr que los cuadros políticos que alcanzan un cargo público cumplan con sus encargos a cabalidad. 

“En el caso de los regidores o los consejeros regionales que fueron vacados porque no asistieron a sus sesiones ordinarias, aquí vemos que no cumplen con una fiscalización real, porque muchas de estas personas fueron elegidas por sus partidos o movimientos regionales sólo para cumplir cuotas que la ley exige. Entonces estas personas llegan sin el interés adecuado, por eso es que no cumplen con sus funciones y se dedican muchas veces a otras actividades. Su rol de fiscalización entonces resulta nulo”, sentencia Vigo.

Cabe resaltar que, de las 22 vacancias que reporta el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 9 de ellas han sido por fallecimiento.

Responsabilidad política

“La principal responsabilidad es de los partidos políticos porque reciben dinero del Estado para organizarse, seleccionar y presentar a sus candidatos sin mancha en las elecciones. Es cierto que el elector peruano tiene el rol de saber a quién elige, pero la responsabilidad de la oferta electoral es netamente de las organizaciones políticas”, sostiene el sociólogo Koechlin.

Desde Puno, el analista político Alain Alanoca comparte este punto de vista y dirige la mirada hacia la clase política: “Si bien el elector decide a qué persona elige para convertirla en autoridad, son los partidos políticos los llamados a ser el filtro necesario para ofrecer a la ciudadanía sus mejores cuadros. La responsabilidad de una mala autoridad es del partido o movimiento político”, sostiene. 

“Cuando una autoridad es elegida sin estar preparada para ejercer el cargo, va a tener que aprender, sobre la marcha, acerca de la gestión pública. Más aún cuando en este tiempo existe toda una serie de sistemas que deben saber manejarse para hacer una adecuada gestión de los recursos públicos”, acota Alanoca.

La salida del cargo de una autoridad impacta directamente en la administración de los recursos de todos los peruanos, hace más lentos los procesos administrativos y ello trae como consecuencia servicios públicos deficientes y tardíos. Es oportuno no perder de vista a quién se elige para representar a toda una comunidad y continuar exigiendo a los partidos políticos a sus mejores candidatos.