Elecciones 2026: especialistas analizan si los sentenciados por corrupción deberían volver a participar en política

¿Deberían los sentenciados por corrupción tener oportunidad de participar en elecciones y ser elegidos para ocupar nuevos cargos públicos? Esta es la interrogante que surge a raíz de un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República que plantea esta posibilidad. 

La ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, prohíbe que toda persona que registre sentencia por delitos de corrupción postule a cargos de elección popular aun cuando hubiera sido rehabilitada. 

El 12 de agosto pasado, el congresista Luis Cordero Jon Tay, de la bancada de Somos Perú, presentó su iniciativa legislativa N.º 8594/2024-CR, que tiene por objeto modificar el literal j del artículo 107 de la ley, proponiendo retirar del texto la frase “aún cuando hubieran sido rehabilitadas”. 

“Nuestra Carta Magna nos asiste el derecho de elegir y ser elegidos y una vez terminada cualquier condena, se nos rehabilita otra vez como ciudadanos, con lo cual, cualquier persona puede usar sus derechos a carta cabal", sostuvo el congresista en entrevista con RPP. 

De aprobarse su proyecto, exfuncionarios públicos que fueron hallados culpables por mal manejo de los recursos del Estado o haber cometido actos irregulares asociados a sus cargos, podrían postular y eventualmente ocupar cargos en política tras cumplir sus sentencias.

¿Qué dicen los expertos?

Para el congresista, su proyecto tiene por finalidad incorporar a la sociedad a quienes hayan sido condenados, porque la ley vigente “impide que personas que ya tienen la categoría de resocializadas puedan ejercer libremente su derecho constitucional a elegir y ser elegidos".

Ante ello, la cobertura de El Poder en tus Manos de RPP consultó a especialistas sobre este tema para conocer hasta qué punto lo propuesto por el congresista tiene asidero legal.

Heber Joel Campos, profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó que, si bien el derecho a la resocialización está garantizado por nuestra Constitución, existen límites que se han tomado en cuenta para que todos los peruanos sean conducidos por personas idóneas a nivel de la administración pública.

“Cuando una persona cumple una pena, esa persona tiene, sin duda, derecho a reincorporarse a la sociedad y eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es si esa persona, que en un momento defraudó la confianza pública, debe ser considerada apta para ocupar nuevamente un cargo de elección popular, que no es cualquier cargo, estamos hablando de actividades que implican la gestión de los asuntos más importantes del Estado", dijo. 

Campos agregó que en un escenario donde un exfuncionario ha traicionado la confianza pública y ha demostrado deslealtad a la Constitución teniendo poco compromiso con la tarea que se le confió, no es dable que se le renueve la confianza. Este es un impedimento, señala, que se aplica en la legislación de muchos países. 

El costo de la corrupción

En febrero de 2024, la Contraloría General de la República estimó que el Perú perdió más de 24 000 millones de soles por la corrupción y la inconducta funcional durante el 2023. De la cifra, unos 11.992 millones de soles corresponden al Gobierno nacional; 7.615 millones a los gobiernos regionales y 4.660 millones a los gobiernos locales.

Una de las pocas medidas que se han mantenido vigentes para castigar los delitos de corrupción ha sido, justamente, impedir la participación en elecciones de quienes se aprovecharon de sus cargos políticos y que fueron sentenciados por ello.

Cambiar la ley para favorecer a sentenciados por corrupción sería retroceder, opina el Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara. “El proyecto de ley del congresista Cordero va a contra marcha de lo que deberíamos buscar, que es desalentar y complicar el acceso a puestos en el gobierno a personas que han sido sentenciadas por corrupción, más allá de que ya hayan cumplido su pena", opinó. 

En tanto, Heber Joel Campos concuerda en que, sin duda, estaríamos ante un serio retroceso en el refuerzo de la democracia y de la lucha contra la corrupción. “Estaríamos ante un retroceso, pero no porque la propuesta sea inconstitucional, sino porque ya existe un estándar, un criterio para garantizar que la oferta electoral sea consistente con algunos principios y valores previstos en nuestro marco jurídico [...] y que buscan reprimir los delitos de corrupción. Por eso plantear una iniciativa que nos hace volver atrás no sería una buena idea”, sentenció.

El avance de esta propuesta del congresista Cordero Jon Tay está en manos de la Comisión de Constitución del Congreso, quien ya tiene pendiente discutir otro proyecto que busca impedir que sentenciados por delitos dolosos como terrorismo, tráfico de drogas, violencia sexual, entre otros; postulen a cargos públicos hasta diez años después de haber cumplido con su condena. ¿A cuál darán prioridad?