El Congreso aún no define si aprobará o rechazará la posible eliminación de los movimientos regionales

El 7 de octubre vence el plazo para que todo ciudadano que desee ser candidato en las Elecciones Regionales y Municipales del 2026 se afilie a un movimiento regional o partido nacional, tal como lo establece la Ley N° 32058, ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas.

Según esta norma, al poseer la condición de afiliado, los ciudadanos podrán precandidatear para los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde o regidor provincial o distrital; en las elecciones primarias de los partidos políticos o movimientos regionales que, de resultar electos en ese proceso, podrán representar a sus organizaciones en los comicios de octubre de 2026.

A la fecha, existen más de cien movimientos regionales inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones y otro grupo en proceso de inscripción, que se preparan para cumplir con la presentación de sus padrones al 7 de octubre, pero su situación aún no es clara. 

En el Congreso de la República existe un proyecto de ley que busca eliminar de la Constitución la figura de los movimientos regionales. Esta iniciativa ya fue aprobada en una primera votación en mayo de este año y para que sea ley debe aprobarse en una segunda votación por tratarse de una reforma constitucional, pero hasta el cierre de este informe, el Parlamento aún no ha debatido esta propuesta.

Si se confirma la eliminación de los movimientos regionales después del 7 de octubre, el derecho a la participación política de miles de peruanos se vería afectado, así lo consideró el abogado experto en derecho electoral, José Manuel Villalobos.

“El Congreso debió resolver la situación de los movimientos regionales antes del siete de octubre. Ahora, ha dejado a las personas que pertenecen a estos movimientos en una situación de incertidumbre y prácticamente lo único que les queda es afiliarse a un partido político, porque de lo contrario, en caso de que desapaezcan los movimientos se quedarían sin poder participar”, expresó.

Por su parte, el también experto en derecho electoral, Jorge Jaúregui, señaló que definir si los movimientos regionales podrán postular en las próximas elecciones o no es muy necesario, sobre todo, para las personas que tienen interés en participar en ellas y para asegurar la transparencia del proceso electoral.

“Los ciudadanos que deseen participar, tienen que tener claridad para estar afiliados a la organización política correspondiente, ya sea a un partido político nacional como a un movimiento regional, y con la lógica de que no van a quedar como excluidos, porque entonces se estaría conformando un veto político. Yo creo que lo más saludable desde el punto de vista democrático es tener condiciones claras de competencia”, opinó.

Movimientos regionales sufren impacto

La Asociación de Movimientos Regionales sostiene que esta incertidumbre ha generado que más de veinte dirigencias de movimientos renuncien o se disuelvan y migren a partidos políticos nacionales para no arriesgar la oportunidad de poder postular en las elecciones de octubre de 2026. De ochenta y cinco movimientos regionales que agrupaba la asociación, quedan sesenta y dos movimientos asociados. 

Jimmy Silva, vicepresidente de este colectivo, confía en que podrán seguir en carrera política para las próximas elecciones.

“En este momento los movimientos regionales están vigentes, por lo tanto, al vencerse el plazo el siete de octubre para presentar los padrones de afiliados, ya estamos hablando de los actos preparatorios para el próximo proceso electoral. Cualquier acción que pretenda modificar las normas [por parte del Congreso] sería inviable porque ya el poblador ya decidió entre un movimiento y un partido”, señaló el dirigente.

Jimmy Silva sostiene que, si el Congreso decide realizar la segunda votación y eliminar a los movimientos, esa ley se aplicará a partir del proceso electoral de 2030.

Opinión diferente a la del dirigente tiene el abogado José Manuel Villalobos quien sostuvo que “la modificación a la Constitución rige a partir del día siguiente de que se publique la norma”, por tanto, de aprobarse la eliminación de los movimientos, aplicará para los que están actualmente inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El dirigente de los movimientos regionales afirmó que varios de estos grupos políticos ya han cumplido con presentar sus padrones y otros continúan en ese proceso para cumplir con lo que exige el JNE. 

“Ya la ONPE nos ha girado los oficios para darnos la asistencia técnica y en este momento el Reniec está validando los padrones [firmas]. Lo que quiere decir que todo el aparato electoral está trabajando de la mano con los movimientos regionales para estar aptos para el proceso electoral 2026 [...] vivimos en una sociedad legal y el Congreso debe respetar las normas”, afirmó.     

El Congreso tiene la responsabilidad de debatir el tema en el pleno y decidir si los movimientos regionales continuarán en carrera o no para que la población tenga claro el panorama para las elecciones del 2026.