¿Puede el Congreso modificar la ley para que personas que atentaron contra la democracia no participen en elecciones?

En medio de la polémica generada por la inscripción del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), que lleva las iniciales de Antauro Humala, el abogado especialista en derecho electoral, Fernando Velezmoro, indicó que el Congreso de la República tiene un papel clave para introducir cambios en la norma vigente a fin de que personas condenadas por delitos contra el Estado no postulen en futuros procesos electorales.

En diálogo con El Poder en tus Manos de RPP, Velezmoro consideró que estos cambios podrían impedir que personajes como Antauro Humala, condenado en el 2009 los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, postulen a cargos de elección popular. Ello, al considerar que sentenciados por infringir el sistema democrático “han demostrado con su conducta que no creen” en la forma democrática de gobierno.

“Creo que el Congreso de la República tiene la responsabilidad de introducir las modificaciones legales que, en mi opinión, no permitan que personas que han cometido ciertos delitos, vinculados a infringir los principios del sistema democrático, como los delitos de rebelión, sedición o delito de corrupción de funcionarios, no puedan participar en procesos electorales”, señaló.

Inicialmente, el hermano del expresidente Ollanta Humala fue sentenciado a 25 años de cárcel por el caso ‘Andahuaylazo’. Luego, en el 2011, la Corte Suprema redujo la sentencia a 19 años. Finalmente, fue liberado a fines de agosto del 2022 después de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) aceptara su solicitud para acceder a la redención de pena y tras haber purgado 17 años, 17 meses y 14 días en la cárcel.

Velezmoro señaló que el Parlamento cuenta con tiempo suficiente de cara a las elecciones generales del 2026 para “asegurar que personas, que han infringido la ley y que han cometido delitos contra el Estado, no puedan participar, aún cuando tienen el derecho a la resocialización y a la rehabilitación una vez transcurrido su pena”.

Precisó que este aspecto “no impide que el Estado pueda poner ciertas conductas”, dado que, tras cumplir su condena, estas personas pueden participar de cualquier actividad económica, social o cultural.

“Después de la resocialización o después de haber estado en la cárcel [estas personas] pueden hacer cualquier actividad económica, social, cultural, nada le impide que pueda realizar cualquier actividad, pero habiendo infringido en el nivel más grave; es decir, a través de la comisión de delitos, el sistema de gobierno con un alzamiento en armas, delito de rebelión y sedición, creo yo que personajes así puedan volver a postular a cargos de elección popular”, recalcó.

Inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O 

Este martes el partido político Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) fue inscrito de manera oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ello, de acuerdo a información que figura en el portal web del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del citado organismo electoral.

El pasado jueves 7 de diciembre el JNE rechazó en segunda instancia la tacha presentada contra la organización política vinculada a Antauro Humala, que ha expresado declaraciones de ideología contraria a los derechos humanos y a la democracia.

Sobre este punto, Fernando Velezmoro indicó que el JNE “debió ir un poco más allá de la mera revisión de los estatutos y de los documentos internos del partido” para advertirle a la agrupación y a la ciudadanía que, si bien se cumplieron los requisitos formales, los actos o actividades que realice el partido en adelante “deben estar vinculadas al respeto de los principios constitucionales y democráticos” y que “no van a tener ninguna relación con el pensamiento del señor Antauro Humala”.

El experto aclaró que la Ley de Organizaciones Políticas establece la posibilidad de que un partido política “pueda ser llevado a un proceso de cancelación de inscripción” por demostrar conducta antidemocrática. Este escenario es determinado por la Corte Suprema de Justicia a pedido del fiscal de la Nación o el defensor del Pueblo cuando el partido político ha realizado alguna inconducta “que sea contraria al sistema democrático, a la promoción de los derechos humanos y al sistema o a la forma de gobierno”.

“Esa es la advertencia que los dirigentes del partido y los futuros candidatos de ese partido van a tener que tomar en cuenta si ese partido valora su inscripción y participación en los próximos procesos electorales”, afirmó.