Congreso de la República: tres reformas pendientes que deberán ser tratadas a partir de marzo

A partir de marzo, cuando se retomen las sesiones en el pleno del Congreso y en las diferentes comisiones de trabajo, los parlamentarios deberán tomar decisiones en torno a reformas políticas que se encuentran pendientes de resolución. 

Una de ellas es la ley de retorno a la bicameralidad: iniciativa que busca que el Parlamento peruano cuente con dos cámaras legislativas: de diputados y de senadores. Ello significa pasar de 130 legisladores a 190. 

Esta propuesta fue debatida en noviembre del 2023, y logró una primera votación favorable en su camino a convertirse en ley. Pero, al ser una reforma constitucional, necesita de una segunda votación con mayoría calificada [es decir, mínimo 87 votos] para que pueda aprobarse de forma directa. 

¿Es posible que se frene esta iniciativa dentro del Congreso? Para Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, no hay mucho tiempo para volver a debatir el proyecto. “Si quisieran hacer algún cambio en el texto, significaría retroceder en lo avanzado y sabemos que ese no es el interés de los congresistas”, opina. 

Si no se consiguieran los votos necesarios en el pleno, se tendría que recurrir a un referéndum para que sea la población quien decida finalmente, conforme lo manda la ley.

Sin embargo, los peruanos votaron en contra de la bicameralidad en el referéndum del 2018, lo que representa un reto para este Congreso. La propuesta actual contempla, como uno de los requisitos para ser senador, el haber sido congresista o diputado anteriormente, mientras que, en su disposición final, se permite la reelección inmediata de parlamentarios. 

“Lo que puede hacer el Congreso es explicarle a la ciudadanía el contenido del proyecto, porque un problema de este proceso es que no tuvo un trabajo previo [en el que se explique] por qué esta [propuesta] que se había rechazado en un referéndum, ahora sí cumpliría con las condiciones para poder ser llevada adelante”, sostiene Iván Lanegra.

¿Sentenciados en la política?

Otra de las reformas por definir es la propuesta que limita que personas sentenciadas por delitos graves, y que hayan cumplido con su condena, postulen en elecciones. 

Se trata de evitar que personas con antecedentes judiciales como tráfico de drogas, violación sexual, homicidio o terrorismo, puedan calificar a un cargo de elección popular durante diez años después de haber salido de prisión. 

Esta iniciativa fue aprobada en la comisión de Constitución del Congreso y pasó al pleno donde está pendiente su debate y posterior votación. Para el abogado constitucionalista Erick Urbina, esto debe ser una prioridad del Parlamento para que se aplique en el próximo proceso electoral. 

“La historia reciente de nuestro país nos ha demostrado que hemos tenido más de [una autoridad] que ha tenido condena o investigaciones bastante serias. Sí creo que es algo importante para ser aprobado ahora, para evitar que en el siguiente periodo de gobierno, tengamos candidatos con un prontuario vinculado a delitos graves y actos de corrupción”, opina. 

Para aprobarse esta ley se requiere de dos votaciones consecutivas en dos legislaturas. Concretar acuerdos entre bancadas este año es importante, ya que la ley establece que las reglas de juego para las elecciones del 2026 deben quedar fijadas un año antes, es decir, en marzo de 2025.

Eliminación de nuevos movimientos regionales 

A nivel de la comisión de Constitución se encuentra pendiente de debate el predictamen que propone eliminar de la esfera política del país a todos los nuevos movimientos regionales que se generen a partir de la vigencia de la norma. 

Los argumentos de la iniciativa sostienen que los movimientos regionales "no han contribuido con la estabilidad democrática porque no fomentan los valores democráticos ya que su finalidad radica en la participación en el proceso electoral, más no en la formación de sus integrantes. Prueba de ello es que diversas autoridades regionales han sido sentenciadas por actos de corrupción, lo que debilita el sistema democrático", señala el texto del documento.

Desde Cajamarca, el politólogo Gianfranco Vigo, sostiene que los movimientos regionales, en efecto, están dominados por personas que, debido al poder económico que poseen, tienen la condiciones de inscribir una organización política. 

“Aquí en Cajamarca tenemos casos de familias que se reparten las postulaciones a diferentes cargos y hacen de la política un modo de vida sin el paradigma de la vocación de servicio, sino del alcance de poder”, afirma.

Vigo sostiene que la mayoría de los movimientos regionales cajamarquinos no sobreviven más de dos elecciones regionales y por ello se requiere de una reforma política integral que responda a las necesidades de las regiones. 

“La política en el Perú tiene varios matices, es muy diversa, tiene muchos intereses en juego también y por tanto, todos estos aspectos deberían conversarse y discutirse para llegar a una propuesta integral, en la que no solo se beneficie a unos, en este caso a los partidos políticos nacionales y se descarte a otros; sino que se encuentre en el concurso de todos un consenso”, acota.