Ciudadanos se muestran en contra de que personas con condenas por delitos graves participen en elecciones

En el Congreso de la República sigue pendiente de debate y aprobación el dictamen que busca limitar que personas sentenciadas que ya han cumplido condena por delitos graves como terrorismo, homicidio, tráfico de drogas, corrupción, entre otros; participen en elecciones políticas para acceder a cargos públicos. 

Desde el Poder en tus Manos hemos informado sobre esta propuesta legislativa en numerosas ocasiones: desde la aprobación del dictamen y sus antecedentes a cargo de la Comisión de Constitución y Reglamento; las experiencias de otros países de la región sobre su legislación en cuanto a participación política de condenados; la consulta a expertos en materia constitucional y congresal respecto a esta norma. 

También, consultamos a especialistas sobre el proceso de rehabilitación en las cárceles del país y cómo este factor puede considerarse o no como una garantía para permitir la participación en política de condenados. 

Además, recogimos la opinión de uno de los autores del proyecto, Wilson Soto, quien pidió a la presidenta de la comisión de Constitución y Reglamento, Martha Moyano, a insistir con que este proyecto sea debatido en el Pleno sin mayores demoras.

Escucha ciudadana

De ser aprobado el dictamen (con 87 votos mínimo y en dos legislaturas consecutivas), esta propuesta legislativa modificaría la Constitución y establece más exigencias para quienes deseen postular a la presidencia de la República, Congreso y demás cargos de elección popular. 

El Poder en tus Manos recogió la opinión de ciudadanos para conocer su punto de vista ante esta norma. Ante la pregunta ‘¿deberían participar en elecciones políticas las personas sentenciadas por delitos graves como terrorismo, corrupción, homicidio y otros que ya han cumplido su condena?’ Ciudadanos en Cusco, Chiclayo y Arequipa se manifestaron. 

“Por más que hayan hecho su rehabilitación [personas con condena] tienen antecedentes, entonces la democracia [del país] no puede arriesgarse a tener este tipo de personas”, opinó Carlos Cámara, ciudadano de Arequipa.

Por su parte, la ciudadana Teresa Maquera, también en la ciudad blanca, expresó: “No estoy de acuerdo porque esas personas [condenados] no se pueden rehabilitar, sus delitos son muy fuertes”, expresó. 

En el norte del país, en Chiclayo, Renato Reina respondió: “Creo que son delitos demasiado graves para que puedan o quieran ser autoridades dentro del país”, sostuvo.

El objetivo de esta ley, llamada “Ley que garantiza la idoneidad para el ejercicio de la función pública”, es asegurar que los candidatos y candidatas en contienda electoral, sean personas sin antecedentes ya que es un derecho de todos los peruanos ser conducidos por personas idóneas para la responsabilidad y el perfil que demandan los cargos públicos.

Leocadio Madera, en Cusco, también respondió a la pregunta y manifestó: “no deberían participar porque no hay garantía de ética y moralidad para ser una autoridad”.

Ya una encuesta de Ipsos para Perú21 preguntó específicamente: "¿Debería permitirse o prohibirse que los condenados por homicidio que hayan cumplido su condena puedan postular a la Presidencia de la República?" El 94% de encuestados contestó que debería prohibirse, el 3% que debería permitirse y un 3% no precisó respuesta.

Responder a la ciudadanía

El dictamen entró a la agenda del Pleno del Congreso en diciembre del año pasado. Tras iniciar su debate, pasó a cuarto intermedio y desde entonces, tras haber empezado una nueva legislatura, no ha vuelto a ser tomado en cuenta. ¿Está llamada la representación nacional a resolver esta propuesta de reforma constitucional?

“El Congreso debería darle respuesta a la ciudadanía sobre cualquier inquietud que esta podría tener, porque el Congreso se debe a todos los peruanos”, señaló la analista política, Macarena Costa. 

Por su parte el analista Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), manifestó que “los filtros que imponga el Congreso y también las autoridades electorales deben ser mucho más exigentes no solamente para los delitos graves, sino para todo el conjunto de situaciones [faltas y delitos] tan desagradables que hemos tenido en los últimos treinta años”. 

Para aprobar esta norma el Parlamento necesitará de dos votaciones en dos legislaturas diferentes que logren como mínimo, 87 votos a favor. ¿Podrán tomar la decisión en los próximos plenos y ponerse de acuerdo?