Zoraida Ávalos es acusada constitucionalmente por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales al suspender a inicios del año pasado las investigaciones preliminares contra el entonces presidente Pedro Castillo.
El pleno del Congreso, con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa que inhabilita por cinco años para el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
La extitular del Ministerio Público es acusada por haber suspendido en enero del 2022 las investigaciones al expresidente Pedro Castillo por los casos Provías, Petroperú y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas hasta el término de su mandato. Ahora deberá dejar su cargo de fiscal suprema de manera inmediata.
El Pleno del Congreso también aprobó, con 71 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones, la acusación constitucional contra Zoraida Ávalos por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Esta denuncia fue presentada por la congresista Patricia Chirinos, quien en la víspera aseguró que contaba con los votos necesarios para lograr este suceso.
La defensa de la extitular del Ministerio Público aseguró ante el pleno del Congreso que la acusación no tenía fundamento constitucional ni jurídico. Además, no descartó que se vayan a instancias internacionales.
Critica denuncia del Congreso
La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se pronunció horas antes sobre el informe final de la acusación constitucional y cuestionó que parlamentarios voten sin conocer el caso.
"Yo estoy haciendo uso de mi derecho a la defensa, yo no estoy haciendo prebenda (...). No sé si hayan tomado mi nombre. Yo no niego de que haya gente que haya dicho que lo que están haciendo conmigo es esto. Porque hay muchos congresistas que ni siquiera saben por qué me están llevando a una acusación constitucional. Por eso mandaba ayudas memorias. Eso no es delito", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
Por otro lado, negó haberse comunicado con otros congresistas para pactar que voten en contra de su destitución porque precisó que no tiene nada que ofrecerles.
"Eso es falso. Yo no he llamado. Diferentes fuentes me avisaron que habían funcionarios del despacho de la Fiscalía de la Nación que estarían yendo a hablar con congresistas para ofrecer votos a cambio de que voten en contra mía, para lograr mi inhabilitación. Inclusive en esa oportunidad, en la Junta de Fiscales, manifesté que un coordinador parlamentario había dicho que le faltaban ocho votos para lograr mi destitución", señaló.
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