por Redacción RPP
. Actualizado elEn la denuncia constitucional que presentó la congresista Martha Moyano, se exige que María Cordero Jon Tay sea inhabilitada de la función pública por diez años.
Este lunes 24 de abril, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional contra la congresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, por supuestamente recortar el sueldo de uno de sus trabajadores en el año 2022.
El recurso presentado por la primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, fue admitido con 17 votos a favor en la subcomisión que preside Lady Camones, de Alianza para el Progreso.
En la denuncia constitucional, Moyano acusa a Cordero Jon Tay, quien afronta un proceso de expulsión tanto del partido como de la bancada fujimorista, de haber incurrido en el presunto delito de concusión.
La integrante de la Mesa Directiva también planteó que su aún colega de bancada sea alejada permanentemente de la función pública, a través de la inhabilitación permanente.
Sin embargo, precisó que la Carta Magna establece como máxima sanción del juicio político el plazo de diez años de inhabilitación.
“Por todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 100 de la Constitución, corresponde que se imponga a la denunciada, por la vía del señalado juicio político, la sanción máxima que el ordenamiento permite para la infracción constitucional, consistente en la destitución del cargo de congresista y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años”, se lee.
Este recurso se suma a la denuncia que presentó la vocera de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, en contra de Cordero Jon Tay ante la Comisión de Ética Parlamentaria.
El procurador general del Estado, Daniel Soria, también ha denunciado a la legisladora por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y por concusión en agravio del Estado.
El caso
En un reportaje periodístico, difundido por Punto Final, un extrabajador del despacho de la parlamentaria María Cordero Jon Tay reveló que tenía un acuerdo para entregar la mitad de sus ingresos durante seis meses, luego de lo cual ya no se aplicaría el recorte.
Sin embargo, culminado el plazo, le exigieron que entregue el 75 % de su salario mensual.
Además, contó que, durante la semana de representación, los trabajadores cubrían los gastos de hospedaje y alimentación de la parlamentaria.
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