Promueven moción de censura contra ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho

El congresista  Jaime Quito viene promoviendo una moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, y ya empezó con la recolección de firmas para presentar esta moción.

En el documento, Quito hace referencia al presunto vínculo de la empresa Pevoex Contratistas SAC, de la que Mucho es socio accionista, con la empresa Southern Perú, titular del inactivo proyecto Tía María, cliente de la mencionada compañía desde 2018.

Así, se asegura que el ministro "pretende favorecer" a Southern Perú, promoviendo activamente el reinicio del proyecto, "tal y como lo anunció desde el 14 de febrero de 2024 y como lo ha reiterado ante el Pleno del Congreso el 25 de marzo".

"El señor ministro confirmó que la empresa Southern Perú es cliente de su empresa, a quien le brinda el servicio de perforación con taladros de precorte en el departamento de Moquegua desde el 1 de octubre de 2018", se lee.

En otro momento, también se menciona los "numerosos procesos penales" en los que Mucho tiene condición de imputado, por hechos vinculados a presuntas conductas ilícitas durante su trayectoria, incluyendo delitos de atentado contra monumentos, omisión ilegal, violencia y resistencia a la autoridad, usurpación, entre otros.

Asimismo, se consideró en la moción la presunta contratación de Rosa Isabel Sánchez Arenas, con quien mantendría un vínculo amical previo.

En ese sentido, el último lunes, la Procuraduría General del Estado solicitó iniciar diligencias preliminares en su contra, por el presunto delito de negociación incompatible.

Cabe precisar que, de acuerdo al reglamento del Congreso, se requieren 33 firmas para la presentación de la moción de censura ante la Oficialía Mayor.

Critican restitución de Rafael Vela

Por otro lado, el congresista Héctor Ventura criticó la restitución de Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial Lava Jato, como se dispuso en una resolución firmada por Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación.

Para el parlamentario de Fuerza Popular, esta decisión, al igual que los casos de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, "han menoscabado" decisiones legítimas de entidades del Estado.

"En los tres casos se respetó el debido proceso y no se vulneró ningún derecho fundamental. Esto evidencia que hay jueces que no tienen mayor respeto por la institucionalidad del país", precisó.