A través de un oficio enviado al presidente del Congreso de la República, la bancada de Renovación Popular indicó que la Junta Nacional de Justicia ha provocado un daño “a la seguridad jurídica del país”, por lo que -afirmaron- amerita “la urgente intervención" del Parlamento.
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El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, solicitó al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, la convocatoria urgente a un pleno extraordinario para el debate y posterior votación de la moción que propone remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Para tal fin, pidió se llame a Junta de Portavoces con el propósito de lograr el consenso entre las diversas agrupaciones políticas, para cumplir con los requisitos que exige el Reglamento del Congreso para establecer el pleno extraordinario solicitado.
En el oficio enviado al titular del Legislativo, la bancada celeste indicó que dicha solicitud es “en defensa del fuero Parlamentario”, por su profunda preocupación, “por la crisis institucional que se ha abierto en el país” y que afecta al sistema de justicia.
“La misma que tiene como detonante al actual colegiado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sus repetidas infracciones constitucionales y manifiestas violaciones de su propia Ley Orgánica”, señalan en el documento.
Califican de "impertinente" declaraciones de Dina Boluarte
Asimismo, calificaron como “impertinente” la intervención de la presidenta, Dina Boluarte, quien manifestó que una posible destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia generaría una mirada de “debilidad” e “inestabilidad”, por lo que exhortó al Congreso a respetar la institución.
“Esta inusitada y lamentable situación revelaría el entramado de vínculos políticos e intereses particulares que existe detrás de la JNJ”, refirieron.
A ello, agregaron que todo esto “ha dado como resultado el constante enfrentamiento de la JNJ con el Poder Legislativo, con actitudes desafiantes e irrespetuosas”.
Por último, acusaron a la JNJ de provocar un daño “a la seguridad jurídica del país”, por lo que -afirmaron- amerita “la urgente intervención del Congreso de la República a fin de tomar las medidas correctivas conforme al marco constitucional y legal pertinente”.
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