Reforma del sistema de justicia desde el Congreso: ¿cuáles con los riesgos de la propuesta de Fuerza Popular?

El pasado 15 de diciembre, congresistas de Fuerza Popular presentaron la Moción de Orden del Día N° 9648 que propone la conformación de una Comisión de Alto Nivel Multipartidaria "encargada de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en un plazo máximo de 45 días hábiles".

Además, plantea "iniciar un proceso de reforma de los principales códigos de nuestro país, muchos de los cuales llevan más de 30 años en vigencia y necesitan una actualización". 

Según indican sus considerandos, esta solicitud responde a "la crisis del Sistema de Administración de Justicia en el Perú, que involucra al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia". 

Sobre esta propuesta, RPP conversó con el abogado constitucionalista Christian Delgado, quien consideró que en este momento no es adecuado ese intento de reforma, y habló de los riesgos que implicaba llevarla a cabo. 

¿Qué riesgos implica el trabajo de esta comisión multipartidaria?

Delgado Suárez señaló que uno de los principales problemas que plantea la creación de esta comisión multipartidaria es el corto tiempo que tendrán para formular una propuesta.

“Realmente, me parece muy poco tiempo para hacer algo serio. En esta moción, lo que se busca es que, en estos 45 días, con un equipo multipartidario de diferentes bancadas, se pueda reformar tanto el sistema de justicia, entre los cuales están entidades, y tanto normas o códigos que rigen la sociedad”, señaló. 

“Cuarenta y cinco días me parece un buen plazo para recién plantear qué se va a reformar o qué se va a hacer (...) Es un poco noble, por no decir inocente, que en 45 días realmente se vaya a hacer algo sin diálogo, sin comunicación con los otros gremios, instituciones profesionales o académicas que tienen que ver con el sector justicia”, agregó.

Respecto a la eventual presentación de una acción de inconstitucionalidad contra esta propuesta del Parlamento, el constitucionalista señaló que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha manifestado que dicha medida "solo se puede dar si es que la norma está vigente".

"Proyectos de ley, mociones de orden del día, intentos o iniciativas legislativas no pueden estar, según el TC, en el marco de control de la Constitución. Lo que habría que hacer es esperar si es que realmente alguna ley se va a emitir luego de esos 45 días", indicó. 

Asimismo, refirió que existe una falta de comunicación entre el Ejecutivo, el Congreso y otros sectores de la sociedad civil respecto a reformas de esta índole. 

"En el Perú se puede reformar todo lo que respecta a normas, pero lamentablemente no hay coherencia ni comunicación entre las diferentes entidades que tienen que ver con esta reforma. Por un lado, el Congreso va a hacer lo que le toca que es legislar, y por el otro el Ejecutivo va a intentar proponer reformas que el Congreso quiere hacer en 45 días. Ahí hay una desconexión total porque no hay comunicación entre estos actores políticos y legislativos", refirió. 

Christian Delgado consideró también que en el actual contexto "no hay coherencia ni comunicación entre las diferentes entidades que tienen que ver con esta reforma". Además, sostuvo que "ni por la legitimidad, ni por el tiempo, ni por el momento, es adecuado este intento de reforma".

"Por un lado, el Congreso va a hacer lo que le toca que es legislar, y por el otro el Ejecutivo va a intentar proponer reformas que el Congreso quiere hacer en 45 días. Ahí hay una desconexión total porque no hay una comunicación entre estos actores políticos y legislativos", indicó. 

"Estamos hablando de un Parlamento que su trabajo es legislar, pero en el contexto actual (…), no solo creo que es una falta de legitimidad actual (…), sino que también se está apresurando porque el próximo año ya se va a implementar las dos cámaras en el Congreso (…), senadores y diputados que podría coadyuvar a mejorar las leyes o revisarlas", añadió. 

Finalmente, señaló que la pretendida reforma "no pasa a ser de instituciones sino promovida por cuestiones con personas".

"Se está tomando como una buena excusa un procedimiento de selección o nombramiento de fiscales para con eso remecer las bases de ciertas instituciones", aseveró.

"Lo que no se sabe es qué se va a reformar ni cómo se podría reformar. Hay una cuestión de legitimidad y de un gran interés político propio del Parlamento que no se sabe lo que podría ocurrir. Creo que se está utilizando una razón muy particular, individual, subjetiva, para poder ampliar este radio de actuación", puntualizó.