¿Qué hace falta para que el Congreso debata el proyecto de ley que limita que condenados por delitos graves postulen en elecciones?

Los peruanos no desean ser dirigidos por políticos con antecedentes penales. Esta semana, RPP realizó un sondeo a través de su página web donde, al cierre de esta nota, 30 mil personas participaron respondiendo la pregunta: "¿Las personas que han cumplido condena por delitos de terrorismo, homicidio, violación o tráfico de drogas deberían tener la posibilidad de participar en procesos electorales?". El resultado fue contundente: el 90% contestó que no deberían hacerlo. 

Esta preferencia no ha cambiado en el tiempo. Ya desde el 2015, una encuesta realizada por GFK reveló que un 98% de peruanos no estaba de acuerdo con la postulación en política de candidatos que cumplieron condena por terrorismo, narcotráfico o violación sexual. 

Y en abril de este año, una encuesta de Ipsos preguntó específicamente si "debería permitirse o prohibirse que los condenados por homicidio, que hayan cumplido su condena, puedan postular a la Presidencia de la República". En esta, el 94% contestó que debería prohibirse, el 3% que debería permitirse y un 3% no precisó respuesta.

Desde el Poder en tus Manos de RPP hemos informado sobre el proyecto de ley del Congreso de la República que propone limitar la participación en elecciones de toda persona condenada por delitos graves hasta diez años después de cumplir su pena.  

Hemos abordado desde la aprobación del dictamen y sus antecedentes a cargo de la Comisión de Constitución y Reglamento, las experiencias de otros países de la región sobre la participación política de condenados, la consulta a expertos en materia constitucional y congresal respecto a esta norma, hasta el análisis de si las condiciones carcelarias del país permiten una real rehabilitación de los exreclusos. 

Si bien, la Comisión de Constitución votó a favor de esta iniciativa en el 2023, esta no ha sido debatida en el Pleno para su aprobación final desde diciembre del año pasado. ¿Qué hace falta para que los 130 congresistas retomen este tema?

Demora en la Comisión de Constitución

Al ser consultada por la demora en este proyecto, la congresista Martha Moyano, quien preside la Comisión de Constitución respondió: “[Está en] un cuarto intermedio. Se presentó el proyecto de ley, está en debate en el Pleno y, vuelvo a repetir, presido la comisión y yo tengo que regresar con las propuestas de las opiniones recibidas”.

El cuarto intermedio al que se refiere la parlamentaria significa que el proyecto debe regresar a su comisión para que se incluya las sugerencias que otros parlamentarios hicieron al respecto y vuelva a ser presentado con un texto final. 

Moyano afirmó esto el 17 de abril del 2024 y en la última sesión de la Comisión de Constitución, desarrollada el martes 7 de mayo, el tema principal fue el proyecto de ley de reforma constitucional que crea la Escuela Nacional de la Magistratura en lugar de la Junta Nacional de Justicia. 

La propuesta para limitar la participación de pesonas condenadas en política, una vez más, no fue revisada.

El congresista Wilson Soto, uno de los impulsores de este proyecto, dijo en Ampliación de Noticias de RPP que correspondía que su colega Martha Moyano coordine con el presidente del Congreso para poner este tema en debate. Otros congresistas también han remitido oficios a Moyano para que priorice esta actividad pero no se conocen mayores avances. 

¿Un proyecto sin consenso? 

¿Qué podría impedir que un proyecto con alta aprobación ciudadana no obtenga luz verde en el Congreso? El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi perfila una hipótesis.

“Para aprobarse esta reforma constitucional se requiere de 87 votos en dos legislaturas consecutivas. Parece que no hay los votos, por eso es que aún no se somete a debate. Muchos congresistas actuales piensan reciclarse, ya sea en la reelección (Senado) o como candidatos a un gobierno regional o local, en unión con algunos candidatos que tienen pasado (sentencias). Yo invoco a la sensatez del Parlamento para que primero sea el país, antes que sus intereses personales y apruebe esta reforma”, opina. 

Por su parte, Heber Joel Campos, profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señala que este proyecto de ley es clave con miras al 2026, donde no sólo se elegirá al presidente o presidenta de la República y congresistas, sino también a gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales.

Será un número importante de nuevas autoridades elegidas y la ciudadanía necesita mejores candidatos que no cuenten con antecedentes judiciales. 

“Esta reforma permitiría contar con representantes que hayan demostrado ser respetuosos de los valores de la democracia. Permitirá mejorar la oferta electoral y aumentar los niveles de confianza en la política. Lo ideal sería que esta iniciativa se apruebe en este periodo anual de sesiones [en el Congreso] para que entre en vigencia en el siguiente proceso electoral”, afirma Campos.

Conectar con la ciudadanía

“Personas que han atentado contra la estructura del Estado no deberían participar [en elecciones] porque no creen en la democracia, la utilizan, que es distinto. Este es el caso de los que cometieron actos terroristas, principalmente, y otros delitos graves. No pueden participar en algo que los lleva nuevamente hacia el Estado, eso sería una contradicción”, sostiene, por su parte, el constitucionalista Domingo García Belaúnde.

El Congreso tiene en este proyecto de ley una oportunidad para responder a una demanda ciudadana. No hacerlo sería aumentar la desaprobación e insatisfacción social, tal como evidenció una reciente encuesta de Datum Internacional, que reveló que el 81% de encuestados consideran que el Congreso es el principal factor de vergüenza para los ciudadanos.