Imelda Tumialán, presidenta de la JNJ, consideró que la investigación sumaria en el Congreso "no tiene ninguna garantía" y que generaría "impunidad". No descartó acudir a entidades supranacionales como la CIDH.
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La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció en torno a la investigación sumaria que el pleno del Congreso decidió encargar a la Comisión de Justicia, la cual podría desencadenar en la remoción de los 7 magistrados de dicha entidad autónoma.
Al respecto, Tumialán Pinto consideró que la investigación en el Parlamento no tiene "ninguna garantía" porque "no existe" regulación del proceso "ni el Reglamento del Congreso precisa cuál va a ser el procedimiento de esa investigación".
"Como JNJ tenemos claro que esto es un quiebre al orden constitucional, porque somos una institución constitucional autónoma que fue creada después de una reforma constitucional con referéndum de alta votación y que (...) hemos dado muestra suficiente de un trabajo transparente en la selección de jueces y juezas que es meritocrático, con un reglamento detallado (y) garantizando totalmente los derechos de los jueces y juezas del país", indicó.
Asimismo, señaló que es "preocupante" que no se haya "tipificado la causa grave" que motiva la investigación sumaria.
"Si vamos a los cargos (...), el primero, en que se nos hace la imputación de una comunicación que la JNJ remitió al Congreso a mediados de mayo. Frente a esa investigación y sobre la decisión que ya pesaba, hicimos un análisis y, efectivamente, la JNJ existe para la garantía de la independencia judicial y fiscal. Si somos garantes de esa independencia que debe existir, decidimos elaborar un documento y muy respetuosamente solicitar al Congreso que se reflexione sobre el tema", sostuvo.
"Se nos atribuye que hemos presionado al presidente del Poder Judicial, pero no hay ningún indicio que amerite ello", agregó.
Además, consideró que un eventual quiebre del sistema de justicia "generaría (...) impunidad y eso sería demasiado grave para el país".
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A la espera de las "garantías mínimas"
La titular de la JNJ dijo esperar que el proceso, aunque no está regulado, tenga las garantías mínimas para que los miembros de la entidad de justicia puedan presentar sus alegatos de defensa.
"Esta decisión política (...) que, efectivamente, amerita un proceso de investigación, (esperamos que) sea con las garantías mínimas de ser oídos, que nos permitan presentar los argumentos que tenemos porque las 5 imputaciones carecen de fundamento. En cuanto a los hechos, también", señaló.
"Como mujeres y hombres de derecho vamos a cumplir con la Constitución y las normas. Estamos sujetos a la investigación y seremos los primeros en pedir que se nos escuche y se nos permita presentar toda la argumentación y documentos necesarios, porque algunas de las imputaciones no tienen ningún argumento, ningún indicio", precisó.
En ese sentido, consideró que el Congreso no ofrece dichas garantías mínimas, "pero, como recién la Comisión de Justicia va a asumir nuestro caso, esperamos que el debido proceso (…) se aplique con nosotros".
"No hay un procedimiento regular. Nosotros entendemos, como en los diversos procesos de investigación que se llevan a cabo en las diferentes instancias, se notifica a la parte investigada y luego seguirán las diligencias que se actúen. Por eso, es muy importante que se nos oiga dentro de esa investigación y se nos permita presentar los argumentos fácticos y jurídicos de las 5 imputaciones que nos dan", remarcó.
No descarta acciones internacionales
Por otro lado, la magistrada indicó que, fuera de declaraciones en medios de comunicación, no habrían recibido ningún "apoyo formal" del Ejecutivo y no descartó acudir a organizaciones supranacionales para apelar una eventual decisión desfavorable.
"En cuanto a las acciones que vamos a realizar como miembros de la JNJ, apelaremos a todos los medios, los mecanismos de protección de derechos que gozamos todas las personas porque lo elemental (...) es que, de por medio, están los valores democráticos y la independencia del sistema de justicia", sostuvo.
"Creemos que eso nos impulsa a continuar desarrollando los cargos que se nos atribuyen para presentar los recursos en las vías respectivas (…) y luego también en todas las instancias que la Constitución permite y que las normas internacionales protegen las garantías del debido proceso", añadió.
En ese sentido, resaltó que podrían acudir al fuero del Tribunal Constitucional y "también a la CIDH y la Relatoría Especializada en Independencia Judicial de Naciones Unidas"
"El pueblo ha comprendido que esta decisión es política. Nosotros, desde la JNJ, estamos informando en los medios de los cargos que se nos atribuyen de que no habría indicios. Hay necesidad de una reflexión mayor por parte de los integrantes del Congreso sobre la decisión adoptada", aseveró.
"Como mujer de derecho y defensora de los derechos de las personas, siempre creo que se puede modificar una decisión a través de un proceso justo, con las garantías mínimas para tomar una decisión", puntualizó.
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