El informe final de la denuncia constitucional contra el César Hinostroza concluye en acusarlo como presunto instigador y autor del delito de tráfico de influencias agravado y como presunto instigador del delito de negociación incompatible.
El Consejo Directivo fijó para el miércoles 15 de noviembre el debate y votación en el Pleno del Congreso de los informes finales de las denuncias constitucionales contra el ex juez supremo César Hinostroza y el exministro de Educación, Daniel Alfaro.
Por unanimidad, el órgano parlamentario acordó que ese día, a partir de las 04:00 p.m., se verá lo referido al informe final de la denuncia constitucional 183 contra Alfaro Paredes, quien fue ministro entre abril del 2018 y marzo del 2019, durante la gestión de Martín Vizcarra.
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El informe concluye en acusarlo por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, por supuestamente permitir que unos textos escolares tengan acceso a páginas web con contenidos inapropiados.
En esa misma sesión, y desde las 06:00 p.m., la representación nacional debatirá y votará el informe final de la denuncia constitucional 75 contra César Hinostroza, quien se encuentra en calidad de no habido.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda acusarlo como presunto instigador y autor del delito de tráfico de influencias agravado y como presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y, alternativamente, por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal.
Hinostroza reapareció desde la clandestinidad
El 22 de septiembre, el exmagistrado – acusado de ser uno de los cabecillas de la red de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ – reapareció desde la clandestinidad en una sesión virtual de la referida subcomisión y solicitó que su caso sea archivado o se amplíe la investigación.
“No entiendo de qué esta subcomisión tiene el poder de decir que acá hay delito, porque esto no es un juicio político, es jurídico”, dijo el exjuez.
Hinostroza intentó acogerse nuevamente a la Ley 31751, también conocida como ‘Ley Soto’, la cual reduce a un año el plazo de la suspensión de la prescripción de la acción penal.
Cuando la delegada del Congreso le preguntó dónde se encontraba y cuál es su situación actual, Cesar Hinostroza no quiso decir cuál es su ubicación.
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