por Redacción RPP
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El congresista Pasión Dávila, integrante del denominado Bloque Magisterial, consideró que no se ha probado la participación del jefe de Estado en los casos que se le imputa, tal como lo señala el informe final aprobado en la Comisión de Fiscalización.
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El congresista Pasión Dávila, integrante del denominado Bloque Magisterial, elaboró un informe en minoría de la Comisión de Fiscalización que exculpa al presidente Pedro Castillo y sostiene que no se ha probado la participación del jefe de Estado en los casos que se le imputa, en contraparte al informe aprobado que sí recomienda acusarlo constitucionalmente.
En entrevista con RPP, el parlamentario justificó la decisión del jefe de Estado de no responder ante la Comisión de Fiscalización pese a que había anunciado que lo haría. El legislador cuestionó que en este grupo parlamentario se habrían adelantado juicios y puso en tela de juicio la credibilidad de los testimonios de los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde.
Dávila reconoció que el presidente Pedro Castillo cometió errores en algunos nombramientos, como en el Ministerio de Agricultura; sin embargo, pidió "no generalizar". El legislador se mostró de acuerdo con la investigación; no obstante, cuestionó que en la Comisión de Fiscalización se haya acusado al jefe de Estado sin una investigación adecuada.
"Yo he estado en todas las sesiones de interrogación y no he encontrado que un imputado haya dicho que estos son los audios o videos que involucran al presidente. Ha habido llamadas con los sobrinos, con los ministros, pero no con el presidente. A ellos sí que lo acusen, está bien, pero en ninguna de todas las interrogantes no involucran directo al presidente", señaló.
Comisión de Fiscalización aprueba informe final
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por diferentes presuntos delitos relacionados a los casos Sarratea, Puente Tarata y otros.
En el documento se recomienda acusar constitucionalmente al presidente por incurrir presuntamente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
De acuerdo con el informe de la Comisión de Fiscalización, el mandatario Pedro Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El informe también concluye que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III, ganador de la obra por S/. 232.5 millones, habrían dado dinero al jefe de Estado a través de la lobbista Karelim López.
La empresa Tapusa, que conformó el referido consorcio, también habría entregado dinero al entonces ministro y hoy prófugo Juan Silva, a través de Zamir Villaverde, quien hoy cumple prisión preventiva por este caso y ha dado información sobre el caso.
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