Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por unanimidad informe que propone acusar constitucionalmente a Pedro Castillo

El informe completo contra Pedro Castillo y otros exministros será enviado en los próximos días al Ministerio Público. | Fuente: Presidencia

Esta investigación contra Pedro Castillo responde al caso de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín, así como los proyectos canalizados por el Ministerio de Vivienda.

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por unanimidad el informe que propone la acusación constitucional en contra del expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y negociación incompatible.

Además, también propone acusar constitucionalmente al exministro de Vivienda Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, por supuesta colusión, negociación incompatible y presuntos actos de corrupción durante su gestión en el gobierno de Castillo Terrones.

Esta investigación responde al caso de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chachapoyas y Chadín, así como otros proyectos canalizados por el Ministerio de Vivienda. 

Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, señaló que el exmandatario faltó en varias ocasiones a las sesiones y hasta se negó a participar de ellas. 

El informe completo de esta acusación contra el expresidente Castillo y otros exministros de Estado será enviado en los próximos días al Ministerio Público.

¿Qué dice el informe?

El informe final recientemente aprobado concluyó que existen elementos suficientes para indicar que hay indicios de una persunta organización criminal que incluye también a Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo.

De acuerdo con lo presentado, Geiner Alvarado y el exasesor de su despacho Salatiel Marrufo habrían concertado con el exmandatario Castillo. Lo mismo habría hecho la exviceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth Milagros Añaños Vega, y la exdirectora general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Elizabeth Maribel Castañeda Del Castillo.

Quienes se habrían beneficiado de estos actos serían el exalcalde José Nenil Medina Guerrero y los empresarios Abel Cabrera Fernández y Segundo Alejandro Sánchez Sánchez.

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