Patricia Chirinos y otros 5 congresistas presentan denuncia contra el fiscal de la Nación y piden su inhabilitación por 10 años

Los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País), Édgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón (Acción Popular), Luis Cordero Jon Tay (Acción Popular), José Jerí (Somos Perú) e Ilich López (no agrupado) presentaron este martes una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena.

La denuncia fue formulada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal, amenaza contra autoridades elegidas y omisión de funciones.

Además, piden su inhabilitación de la función pública por 10 años, por presuntamente haber infringido 7 artículos de la Carta Magna. 

Fundamentos de la denuncia

Según refiere el documento, la denuncia constitucional tiene su origen en que la fiscal suprema Delia Espinoza dispuso incorporar a las investigaciones que sigue contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a los congresistas Martha Lupe Moyano Delgado, Patricia Rosa Chirinos Venegas, José María Balcázar Zelada, Jhakelina Katy Ugarte Mamani, Nivardo Edgar Tello Montes, German Adolfo Tacuri Valdivia, Luis Gustavo Cordero Jon Tay, Jose Daniel Williams Zapata, Luis Ángel Aragón Carreño, José Enrique Jeri Oré, Ilich Fredy Lopez Ureña, Cesar Manuel Revilla Villanueva, Jorge Luis Flores Ancachi, y Alejandro Soto Reyes. 

En ese sentido, indican que la disposición de Espinoza Valenzuela es la de un "funcionario de segundo nivel, por debajo del Fiscal de la Nación", pese a que "el único funcionario facultado para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso".

Por ello, consideran que la decisión de Villena de delegar la investigación a la fiscal Espinoza "vulnera el principio de legalidad, en la medida en que constituye el ejercicio de una atribución no conferida por la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público o la Ley N° 27399.

"En este contexto, se observa una manifiesta transgresión al debido proceso por parte del actual Fiscal de la Nación, delegando facultades a un fiscal supremo para asumir, de manera indebida, investigaciones preliminares a Congresistas de la República, basándose únicamente en una disposición administrativa avalada por la autoridad del Ministerio Público, a pesar de no tener la competencia legal para llevar a cabo tales investigaciones en el procedimiento de acusación constitucional por presunta comisión de delitos de función atribuidos a los funcionarios del Estado", indica el texto.

Por todo ello, los denunciantes consideran que el fiscal de la Nación interino habría vulnerado la Constitución y "simultáneamente, ha agraviado las garantías institucionales que rodean a la función parlamentaria". 

Lo acusan de "omisión de funciones"

Por otro lado, los 6 parlamentarios cuestionan que Juan Carlos Villena no haya iniciado investigaciones contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por un reportaje emitido en Willax TV.

"El pasado 21 de marzo del 2024, en el programa Beto a Saber de Willax Televisión se reveló que la periodista de IDL-Reporteros, Romina Andrea Mella Pardo, habría sido encargada de coordinar en nombre del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, con el fiscal Deltan Dallagnol del Ministerio Público Federal de Brasil", indica la denuncia.

"Este reportaje en mención da indicios de que el fiscal supremo Sánchez Velarde, habría permitido la intervención de particulares en acciones propias del Ministerio Público, entonces a su cargo, y que, en cierta forma, corroboran los dichos de Jaime Javier Villanueva, acerca de que una ONG controla al órgano constitucional autónomo titular de la acción penal", agrega.

Ante ello, los denunciantes indican que "a pesar de todas las revelaciones que involucran al fiscal supremo Sanchez Velarde, el Fiscal de la Nación Interino Juan Carlos Villena Campana, a la fecha, muestra un silencio absoluto respecto de estos hechos, y a pesar de ser el titular de la acción penal y el titular de la investigación preliminar en la presunta comisión de delitos de función atribuidos a funcionarios del Estado".

"Esta inacción a todas luces comprendería el delito de delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, regulado por el artículo 377 del Código Penal", puntualizan.