La congresista de Avanza País presentó otra denuncia contra la JNJ por, presuntamente, no presentar ante el Congreso su informe anual de gestión. Patricia Chirinos plantea que sus integrantes sean inhabilitados por 10 años.
La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, anunció ayer, jueves, a través de sus redes sociales, que ha presentado una nueva denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Según indicó la congresista, la denuncia contra todos los miembros de dicha entidad se debe a que, presuntamente, no habrían presentado ante el Parlamento sus informes anuales de gestión desde el año 2021.
"¡Una vez más, los miembros de la JNJ demuestran su nulo compromiso con respetar la Constitución! Nuestra Carta Magna, en su artículo 154, señala bien claro que la JNJ debe presentar ante el Pleno del Congreso un informe anual de su gestión. Y esto es contemplado también por su propia Ley Orgánica", indicó Chirinos.
"Sin embargo, desde su creación en el 2018, por impulso de (...) Vizcarra, solo han presentado un informe. Por ello, he decidido presentar Denuncia Constitucional contra todos sus miembros", agregó.
El recurso ha sido presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y exige que los 7 magistrados de la entidad sean denunciados por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y que, además, sean inhabilitados de la gestión pública por 5 años y destituidos de sus cargos.
Tercera denuncia en menos de tres meses
Cabe resaltar que esta es la tercera denuncia constitucional contra miembros del pleno de la JNJ presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos, en menos de tres meses.
El pasado mes de mayo, la congresista interpuso este recurso contra todos los magistrados de esa entidad por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. Esto debido a un pronunciamiento de la JNJ que llamaba a la "mayor reflexión" en el Legislativo en el marco de la acusación constitucional contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
"La justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones", indicaba el comunicado.
La referida parlamentaria consideró que, con esa acción, la JNJ cometió una “grosera y desesperada intromisión en las decisiones del Congreso” y pidió la destitución e inhabilitación de los miembros de la entidad por 10 años.
La segunda denuncia constitucional llegó el pasado 9 de julio contra los magistrados Imelda Tumialán Pinto, Antonio De la Haza y María Zavala por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo.
Esto debido a que dos medios periodísticos difundieron el testimonio de una fuente sin identificar que señaló que los referidos integrantes de la JNJ habrían presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para emitir un pronunciamiento de respaldo a la ya inhabilitada Zoraida Ávalos.
Ante ello, la Junta Nacional de Justicia negó "que sus miembros hayan tenido comunicación con algún integrante de la Corte Suprema de Justicia para votar a favor de un pronunciamiento sobre el caso de la ex fiscal de la Nación"
"La JNJ llama la atención sobre hechos que no parecen ser fortuitos, sino responder a objetivos que buscan afectar sus funciones constitucionales y, con ello, la institucionalidad del país", indicó la entidad en un nuevo pronunciamiento.
Además, también en mayo, Chirinos presentó un proyecto de ley con el que busca precisar que la edad máxima de los miembros que integran la Junta Nacional de Justicia sea de 75 años como máximo.
Actualmente, la normativa señala que los integrantes de la JNJ deben “ser mayor(es) de 45 años y menor(es) de 75 años”. Al respecto, el proyecto de Chirinos plantea el cese automático de los miembros de la JNJ que cumplan los 75 años.
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Luis Felipe Rodriguez Jimenez Redactor web / Periodista
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