Patricia Chirinos presentó denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y su exgabinete por cierre del Congreso

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, el expremier Salvador del Solar, los miembros del último Gabinete de Vizcarra Cornejo, el excongresista Gino Costa, ex magistrados del Tribunal Constitucional (TC), entre otros.

La denuncia fue interpuesta el día de ayer, lunes, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento y solicita que se inhabilite para la función pública por espacio de 10 años a los 21 implicados.

Los fundamentos

La denuncia de Chirinos Venegas solicita que a todos los implicados se les investigue por los presuntos delitos de "aprovechamiento indebido del cargo en el ejercicio de sus funciones, abuso de autoridad, usurpación de funciones, conspiración para una rebelión, sedición o motín, y organización criminal".

La parlamentaria consideró que los denunciados "fueron los principales responsables de llevar a cabo el cierre inconstitucional del Congreso, debido a la interpretación indebida de la cuestión de confianza sobre una competencia exclusiva y excluyente del Parlamento".

"Se puede afirmar que el cierre del Congreso en el año 2019 no sólo fue inconstitucional, sino que también transgredió el (artículo 134 de la Constitución), ya que dicha acción benefició a un Poder en específico en perjuicio de toda la Nación", indica el documento.

"Queda en evidencia que el principio de equilibrio y división de poderes, contemplado en el artículo 43º de nuestra Constitución, quedó grave e irremediablemente vulnerado, y ello constituyó una severa infracción constitucional", agrega.

En lo que respecta al expremier Salvador del Solar, la congresista sostiene que "coordinó con el expresidente (...) las acciones contra el Parlamento, como el anuncio del Proyecto de Ley para transparentar el proceso de elección de los magistrado del TC y la posterior cuestión de confianza, hechos que tuvieron como consecuencia el anunciado cierre del primer poder del Estado".

Asimismo, en lo que refiere al exparlamentario Gino Costa, según Chirinos, este sería parte de una organización criminal pues fue "quien cedió su escaño a fin de que se pronunciara la cuestión de confianza que conlleva al inconstitucional golpe de Estado".

Por otra parte, en lo que concierne a los exmagistrados del TC Marianella Ledesma, Eloy Espinosa y Manuel Miranda, según la parlamentaria de Avanza País, también formarían parte de la organización criminal pues "declararon infundada la demanda competencial interpuesta por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Carlos Olaechea, en contra de la disolución del Congreso" y así "habrían avalado" lo que ella llama un "golpe de Estado".

Tres denuncias constitucionales contra miembros de la JNJ

El pasado 13 de julio, Patricia Chirinos presentó una nueva denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según indicó la congresista, la denuncia contra todos los miembros de dicha entidad se debe a que, presuntamente, no habrían presentado ante el Parlamento sus informes anuales de gestión desde el año 2021.

Esa fue la tercera denuncia constitucional contra miembros del pleno de la JNJ presentada por la parlamentaria en menos de tres meses.

El pasado mes de mayo, la congresista interpuso este recurso contra todos los magistrados de esa entidad por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo. Esto debido a un pronunciamiento de la JNJ que llamaba a la "mayor reflexión" en el Legislativo en el marco de la acusación constitucional contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

"La justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones", indicaba el comunicado.

La referida parlamentaria consideró que, con esa acción, la JNJ cometió una “grosera y desesperada intromisión en las decisiones del Congreso” y pidió la destitución e inhabilitación de los miembros de la entidad por 10 años.  

La segunda denuncia constitucional llegó el pasado 9 de julio contra los magistrados Imelda Tumialán Pinto, Antonio De la Haza y María Zavala por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo.

Esto debido a que dos medios periodísticos difundieron el testimonio de una fuente sin identificar que señaló que los referidos integrantes de la JNJ habrían presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para emitir un pronunciamiento de respaldo a la ya inhabilitada Zoraida Ávalos.

Ante ello, la Junta Nacional de Justicia negó "que sus miembros hayan tenido comunicación con algún integrante de la Corte Suprema de Justicia para votar a favor de un pronunciamiento sobre el caso de la ex fiscal de la Nación".

Además, también en mayo, Chirinos presentó un proyecto de ley con el que busca precisar que la edad máxima de los miembros que integran la Junta Nacional de Justicia sea de 75 años como máximo.