Bancada de Fuerza Popular decidió expulsar a María Cordero Jon Tay

La bancada de Fuerza Popular decidió la noche de este martes expulsar a la congresista María Cordero Jon Tay, quien es acusada de haber realizado el recorte de suelo de un extrabajador de su despacho parlamentario.

Esta decisión fue adoptada por el Plenario de la agrupación parlamentaria furjimorista, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitiera, el pasado 24 de abril, a trámite la denuncia constitucional contra la parlamentaria por una presunta infracción a la Carta Magna y el delito de concusión.

Dicha denuncia fue planteada ante el grupo de trabajo por la parlamentaria fujimorista, Martha Moyano, quien solicitó que Cordero Jon Tay sea alejada permanentemente de la función pública, a través de la inhabilitación permanente.

Dos días después de que la denuncia fuera admitida a trámite, la Comisión Permanente dio un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente un informe sobre la misma.

Previamente, la legisladora María Cordero Jon Tay había presentado su renuncia a Fuerza Popular; sin embargo, el partido decidió rechazar su decisión y señalaron que se continuaría con su proceso de expulsión.

Denuncia contra María Cordero Jon Tay

En un reportaje periodístico, difundido por Punto Final, un extrabajador del despacho de la parlamentaria María Cordero Jon Tay reveló que tenía un acuerdo para entregar la mitad de sus ingresos durante seis meses, luego de lo cual ya no se aplicaría el recorte.

Sin embargo, culminado el plazo, le exigieron que entregue el 75 % de su salario mensual.

Además, contó que, durante la semana de representación, los trabajadores cubrían los gastos de hospedaje y alimentación de la parlamentaria.

Ante esta denuncia, la Fiscalía inició el pasado 14 de abril una investigación preliminar contra María Cordero Jon Tay por se presunta autora del delito de concusión. Asimismo, la Procuraduría General del Estado denunció ante la Fiscalía de la Nación a la legisladora por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y alternativamente por el cargo de concusión en agravio del Estado.