Los congresistas Alex Flores, Silvana Robles y Jaime Quito, integrantes de la bancada de Perú Libre, cuestionaron el informe del congresista Alejandro Cavero que recomendó archivar la denuncia constitucional en contra de Manuel Merino y los exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez.
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Los congresistas de Perú Libre que forman parte de la Comisión Permanente tuvieron una posición dividida al momento de votar por el informe -aprobado finalmente- del congresista Alejandro Cavero que recomendó archivar la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino, el exjefe de Gabinete, Ántero Flores-Aráoz, y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.
En Perú Libre, los congresistas que votaron a favor de ratificar el archivamiento del informe fueron Waldemar Cerrón y Guido Bellido, mientras que Alfredo Pariona, José Balcázar, Janet Rivas, Edgar Reymundo, Alex Flores, Silvana Robles y Jaime Quito lo hicieron en contra. Precisamente, estos últimos se pronunciaron para rechazar el informe final presentado por el congresista Cavero recomendó el archivo de la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación.
Al ser confrontada en Twitter por la decisión de sus colegas de bancada que respaldaron este cuestionado informe -Waldemar Cerrón y Guido Bellido-, la legisladora respondió que "cada congresista responde por sus votos". "La población sabrá juzgar a cada uno", señaló.
En tanto, Guido Bellido, uno de los cuestionados, aclaró que la comisión "incompetente" que lideró el congresista Cavero "no identificó responsables" en las muertes de los jóvenes manifestantes y que esto "queda en manos del Ministerio Público". "Por más enemigos políticos que sean, la verdad y la objetividad debe imponerse", apuntó.
Quienes tuvieron una postura más crítica fueron Alex Flores y Jaime Quito. El primero aclaró que los congresistas que votaron a favor del "vergonzoso" informe Cavero "lo han hecho a título personal y deben responder por ello". Asimismo, señaló que esta postura "de ninguna manera representan el sentir de los militantes de Perú Libre".
"Rechazamos todo acto de blindaje e impunidad", indicó. Por su parte, Jaime Quito también expresó su rechazo al acuerdo de la Comisión Permanente que archivó la denuncia contra Manuel Merino y expresó su "oposición a la criminalización de la protesta y la impunidad de la represión".
Amnistía Internacional condenó blindaje político
Amnistía Internacional condenó el archivamiento de la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y exfuncionarios de su gobierno por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y decenas de personas heridas en las protestas sociales de noviembre de 2020 en Lima.
Esta mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República rechazó el pedido de reconsideración de la medida que recomendó semanas atrás, y que fue aprobada, en su informe el cuestionado legislador derechista Alejandro Cavero, del partido Avanza País.
Los parlamentarios Edgar Reymundo (Cambio Democrático), Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), Quiroz Barboza (Bloque Magisterial), Jorge Flores (Acción Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Taipe Coronado (Perú Libre) votaron a favor de que se revise la decisión tomada por el órgano congresal el pasado 17 de junio.
En contraste, Rosio Torres (Alianza Para el Progreso), María Acuña (Alianza Para el Progreso), Alejandro Cavero (Avanza País), Martha Moyano (Fuerza Popular), Hernando Guerra (Fuerza Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) emitieron su voto en contra del pedido.
En un comunicado, Amnistía Internacional expresó su preocupación que, en casos como este, donde "se registró y comprobó una flagrante represión estatal y violación de los derechos humanos, se decida blindar políticamente a los investigados por estos hechos".
"Se trata de un retroceso para la protección de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, que deja la puerta abierta a la impunidad", criticó.
Amnistía Internacional instó al Congreso de la República a ponerse de lado de la justicia y el develamiento de la verdad mediante una investigación fiscal que atribuya responsabilidades y permita a las familias acceder a justicia.
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