por Julio Cisneros
. Actualizado elAmbos congresistas de Acción Popular son acusados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias a raíz del caso 'Copamientos en el Ministerio de la Producción (Produce)'.
Los congresistas de Acción Popular, Raúl Doroteo y Jorge Luis Flores, continuarán siendo investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias a raíz del caso 'Copamientos en el Ministerio de la Producción (Produce)' durante el gobierno de Pedro Castillo.
Esto debido a que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundadas las tutelas de derechos presentadas por los abogados de estos legisladores, sindicados como 'Los niños', para ser excluidos de la investigación preliminar que realiza el Ministerio Público sobre este caso.
El magistrado también rechazó el pedido que hizo la defensa legal de ambos parlamentarios para que se anule esta investigación preliminar bajo el argumento que vulnera el principio que establece que nadie puede ser enjuiciado o perseguido penalmente por los mismos hechos que hubiesen tenido un pronunciamiento de fondo.
Al respecto, los abogados precisaron que sus patrocinados fueron objeto de dos investigaciones por los mismos delitos, pese a que la Fiscalía indicó que se trata de una sola presunta organización criminal. Una sobre el caso del Ministerio de la Producción y la otra por un supuesto favorecimiento a empresas chinas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y copamientos de plazas en el Ministerio de Vivienda, conocida como el caso 'Los niños', la cual ya fue materia de pronunciamiento al haberse emitido una denuncia constitucional.
El argumento judicial
En estas tutelas de derechos se sostiene que la investigación por los mismos delitos en dos carpetas fiscales no está permitida debido a que se trataría de una sola organización criminal.
En estos recursos se da cuenta que, en una primera oportunidad, se recurrió a la Fiscalía de la Nación a fin de solicitarle la exclusión de los procesados por afectación al debido proceso, pero después de casi dos meses recién obtuvo respuesta de “no ha lugar” a su petición.
No obstante, el juez supremo Checkley Soria determinó que, el Ministerio Publico que tiene a su cargo la dirección de una investigación de acuerdo con la ley, ya estableció que se trata de acciones que tienen una resolución criminal diferente.
El magistrado remarcó que, si bien existen dos carpetas fiscales en la que están comprendidos estos legisladores por los mismos delitos, no se cumple con la identidad de hechos, por lo que estas tutelas de derechos deben ser declarada infundadas en todos sus extremos.
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Julio Cisneros Periodista
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