¿Es peligrosa para la democracia la decisión del Congreso de investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia?

El jueves 7 de septiembre el Pleno del Congreso aprobó -con 84 votos a favor- delegar a su Comisión de Justicia el inicio de una investigación sumaria, por causa grave, contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La medida, que surgió con  moción impulsada por la legisladora de Avanza País Patricia Chirinos, ha sido criticada por diversos especialistas pues apuntaría a la destitución de los magistrados, dado que no existirían argumentos constitucionales que sustenten la pesquisa.

A la fecha, la decisión adoptada por el Parlamento continúa recibiendo el rechazo y la preocupación de diversas organizaciones nacionales y del extranjero, entre ellas, las Organización de las Naciones Unidas por un "aparente riesgo a los principios de separación y equilibrio de poderes", aspectos fundamentales para vivir en una democracia plena.

De acuerdo a la agenda parlamentaria, la comisión de Justicia y Derechos Humanos ha puesto como prioridad la medida aprobada por el Pleno del Congreso.

Como se recuerda, la Junta Nacional de Justicia se creó oficialmente en el 2019 en reemplazo del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ente que fue desactivado por el Congreso por actos de corrupción vinculados al caso “Cuellos Blancos del Puerto”. Actualmente la Junta se encarga, entre otros puntos, de nombrar, remover y sancionar a los jueces y fiscales del país, además de designar a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Como parte de las razones para justificar su decisión, el Congreso incluyó el pronunciamiento que la Junta Nacional de Justicia emitió contra el juicio político y el antejuicio a los que fue sometida la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, además de una supuesta intromisión ante la Corte Suprema para que se pronuncie contra la decisión del Congreso de inhabilitar a Ávalos de ejercer la función pública por cinco años.

Las implicancias en la voz de los expertos

El abogado constitucionalista Samuel Abel dijo a RPP que la medida aprobada por el Congreso carece de sustento constitucional, y que responde únicamente a argumentaciones políticas. “Lo que está ocurriendo es que en base a una causal prevista por la Constitución le están dando competencia a la Comisión de Justicia [del Congreso] para que evalúe supuestos hechos que no significan en absoluto una infracción de la Constitución o un delito en el ejercicio de funciones (...) Estamos ante una situación claramente política de avasallamiento a una institución y que, sin duda, significa un quiebre del orden constitucional”, sostuvo.

Por su parte, el constitucionalista Domingo García Belaunde considera que la Constitución sí habilita al Congreso a proceder con la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, muestra sus reparos con el momento en el que se está dando esta medida. “Decir que el Congreso no puede hacerlo [investigar a miembros de la JNJ] me parece que es un exceso y no corresponde a la realidad (...) O sea, el Congreso lo puede hacer, jurídicamente hablando. Ahora el otro punto es, ¿vale la pena hacerlo? ¿Es conveniente hacerlo? En eso tengo mis dudas”, comenta.

¿Democracia en peligro?

Por otro lado, diversos especialistas han coincidido en que el proceso iniciado por el Congreso no está reglamentado, por lo que no se tiene claro cuál es el procedimiento a seguir. Sobre este punto, Percy Medina, jefe de la Misión Perú de Idea Internacional, precisa que si no hay un debido proceso, no se garantiza que quienes son procesados tengan un respeto adecuado de sus derechos constitucionales. 

Percy Medina sostiene, por ejemplo, que todo procedimiento judicial, administrativo y disciplinario exige “reglas claras previas”, como notificación adecuada; derecho a un juicio justo; que se señale a la persona implicada sobre lo que se le está responsabilizando; las infracciones que se están atribuyendo y que deben estar -recalca- expresamente señaladas en alguna norma.

"Este proceso iniciado en el Congreso puede ser peligroso y puede ser un retroceso democrático porque hay cuestionamientos a si se está siguiendo o no un debido proceso, algo fundamental en la vigencia de la ley y el estado de derecho (...) No es un asunto menor y entonces requiere mucha reflexión, requiere una evaluación cuidadosa de cómo se hace para garantizar que se cumpla con los requisitos mínimos que todo procedimiento tiene que tener”, indica.

En esa misma línea, Álvaro Henzler, presidente de la Asociación Civil Transparencia, también explica qué otros riesgos enfrentaría el Perú tras la decisión adoptada por el Congreso. “La Junta Nacional de Justicia, que se ha mantenido independiente, puede ser infiltrada para regresar a los actos de corrupción que teníamos antes y afectar la defensa de justicia de los ciudadanos, y afectar la independencia y autonomía de los organismos electorales, que no puede estar, de ninguna manera, copada o infiltrada o meramente sesgada hacia intereses políticos”, recalca.

La amenaza a los poderes del Estado, es directa, agrega Henzler: "efectivamente hay el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, tenemos los organismos electorales, y la Junta Nacional de Justicia. Todos tienen un rol y entre ellos pueden fiscalizarse, hay mecanismos en la Constitución para hacerlo, pero se fiscalizan dentro de un marco del debido proceso y dentro de un marco de faltas graves. De lo contrario, si no hay un debido proceso que evidencie que hay falta grave, se está haciendo una intromisión en el poder del otro. ¿Y a qué lleva esa intromisión? A la concentración del poder".