José Williams: "Buscamos que otros poderes del Estado no tengan injerencia sobre competencias exclusiva del Congreso"

Congreso solicitó al Tribunal Constitucional que interprete el artículo 117 de la Constitución | Fuente: Foto: Congreso

El presidente del Congreso explicó que la solicitud para que el Tribunal Constitucional interprete el artículo 117 de la Constitución busca que el Poder Ejecutivo "no tenga injerencia sobre competencias exclusiva" del Parlamento.

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El presidente del Congreso, José Williams Zapata, confirmó que el Parlamento presentó una solicitud al Tribunal Constitucional para que interprete el artículo 117 de la Constitución, con la cual se permitiría el procesamiento a nivel constitucional del presidente Pedro Castillo en los términos que formula la denuncia penal de la Fiscalía de la Nación.

"Ya eso hemos presentado y hay una ampliación que se ha enviado ayer, pero ya hace una semana que nosotros presentamos ese documento. Lo que nosotros buscamos es que otros poderes del Estado no puedan tener injerencia sobre lo que es competencia exclusiva del Congreso. Son tareas que le corresponden al Congreso y tiene que hacerla", indicó.

"Nosotros hemos presentado una demanda de competencia sobre esas acciones de amparo que ha presentado sobre actuaciones nuestras. Son competencias que le corresponden al Congreso de la República, está dentro de nuestras funciones, por eso acudimos al Tribunal Constitucional", agregó.

En declaraciones a la prensa, el presidente del Congreso señaló que el pedido planteado por la defensa de Pedro Castillo para que se anule la denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Parlamento, "es un asunto que tiene que atender la Fiscalía y son sus competencias".

"Creo que el presidente está en una situación de defenderse, y dentro de ello obstruye algunas actividades que tenemos que hacer. En lo que nos corresponde a nosotros en el Congreso, nosotros vamos a llevar lo que corresponde conforme lo que desarrolle la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Espero que no haya ningún tipo de obstáculos que pueda hacernos llegar el presidente al respecto", apuntó.

Para Williams Zapata, los caminos en medio de esta crisis política son la vacancia, la suspensión y el procedimiento de la acusación constitucional en contra de Pedro Castillo, los cuales tendrán que evaluarse de acuerdo "conforme a la verdad que vaya saliendo".

"En lo personal creo que una vacancia es una situación que está dentro de la Constitución y que puede darse, pero allí están los votos: necesitamos 87 votos para que eso se dé y ante la información que nos ha presentado la fiscal de la Nación, todos los congresistas tenemos que saber qué decidir", indicó.

El pedido del Congreso al Tribunal Constitucional

Esta mañana se conoció que el Congreso formalizó su solicitud al Tribunal Constitucional para que interprete el artículo 117 de la Constitución. De esa manera se permitirá el procesamiento a nivel constitucional del presidente Pedro Castillo en los términos que formula la denuncia penal por cargos muy graves de corrupción indicados por la Fiscalía de la Nación.

El Parlamento formalizó este martes una ampliación y variación de su demanda competencial -presentada el pasado 10 de octubre- en la que solicita que incorpore dentro de sus pretensiones las acciones legales del Poder Ejecutivo para intentar paralizar sus funciones de control político.

El pasado 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.

La formalización de la denuncia constitucional, ante el Congreso de la República, se produce luego de tres meses de investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación. En un pronunciamiento, señaló que la suficiencia de los indicios que sustentan la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales.

De acuerdo a las investigaciones, la organización es integrada, entre otros, por los ex ministros de Transportes, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, así como por el exgerente general de Petro Perú, Hugo Chávez. Benavides añadió que ahora "es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".

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