por Redacción RPP
. Actualizado elEl congresista José Arriola habría solicitado, desde diciembre de 2021, entregas de dinero a sus trabajadores, cuyos montos eran del 10 % de sus haberes y 15 % de sus bonificaciones extraordinarias.
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el congresista de la bancada de Podemos Perú, José Alberto Arriola Tueros, por el presunto delito de concusión en agravio del Estado.
En un breve comunicado, el organismo público precisó que los hechos imputados están referidos al recorte de remuneraciones de siete trabajadores de su despacho, a quienes exigía la entrega de donativos consistentes en alimentos e implementos de cocina para ser entregados a organizaciones de ollas comunes y vasos de leche.
Según la acusación, Arriola Tueros, perteneciente al partido Acción Popular, advertía a los trabajadores que, quien no estaba de acuerdo, "perdería" su empleo.
La Fiscalía detalla, además, que, desde diciembre de 2021, el legislador habría solicitado entregas de dinero, cuyos montos eran del 10 % de sus haberes y 15 % de sus bonificaciones extraordinarias, haciéndoles firmar documentos denominados "Declaración Jurada de Donación Voluntaria", todo en presunta complicidad de Yolanda Ysabel Cuya Llajaruma.
Implicado en caso Los niños
El parlamentario José Arriola afronta una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación junto a otros parlamentarios por el caso Los niños, proceso en el que se le incautó más de 71 000 dólares y más de 33 000 soles durante un allanamiento que se ejecutó en su vivienda, ubicada en el distrito limeño de La Molina, el pasado 24 de marzo del 2023.
La Fiscalía atribuye a José Arriola haber presuntamente formado parte de la organización criminal denominada ‘Los niños’ que encabezó el entonces presidente Pedro Castillo. El legislador habría aprovechado su condición como tal para votar en contra de mociones de vacancia, censura e interpelación de ministros y respaldar cuestiones de confianza planteadas por el Ejecutivo a cambio de beneficios ilícitos como el nombramiento de personas en puestos de confianza dentro del Ministerio de la Producción, entre otros hechos.
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