por Redacción RPP
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano abstenerse de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional (TC) de liberar a Alberto Fujimori, hasta que dicho organismo resuelva un recurso planteado por los familiares de las víctimas de las matanzas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Las parlamentarias Martha Moyano (Fuerza Popular) y Katy Ugarte (Perú Libre) se pronunciaron luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requirió al Estado peruano abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori, con el fin de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas dos casos de violaciones a los derechos humanos.
En declaraciones a RPP, la legisladora fujimorista criticó duramente al titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de quien dijo "está listo para acatar y arrodillarse ante la tremenda corte" que, a su juicio, "ha quebrado el Estado de derecho".
Para Martha Moyano, este órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) actúa "ideológicamente" y "falla contra quienes no piensan como ellos".
Una opinión distinta formuló su colega Katy Ugarte, quien consideró que "no existe ninguna injerencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" en este caso.
Según comentó, el Estado peruano "debe allanarse al requerimiento formulado por la corte a fin de que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional de liberar al sentenciado Alberto Fujimori".
PEDIDO DE LA CORTE IDH
En un resolución, publicada en vísperas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso el requerimiento al Estado peruano para que, con la finalidad de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional (TC) de liberar a Alberto Fujimori, hasta resolver un recurso planteado por los familiares de las víctimas de matanzas ocurridas durante el gobierno de Fujimori.
Además, convocó a los representantes de las víctimas, el Estado del Perú y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre la solicitud de medidas provisionales efectuada por los representantes, a celebrarse de manera virtual el viernes 1 de abril.
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