por Sergio Espinoza
. Actualizado elEn RPP, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi defendió la normativa de su autoría y señaló que la Corte IDH no debería interferir en las decisiones adoptadas por el Congreso.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Perú (Corte IDH) pidió al Estado peruano presentar sus observaciones, hasta el próximo 12 de junio, sobre la solicitud de medidas provisionales respecto de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El requerimiento se produce después de que el Pleno del Congreso aprobara, en primera votación, el proyecto de ley que busca delimitar los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.
La norma a la que se hace alusión en el documento de la Corte IDH busca impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos en Perú antes de 2002.
Fernando Rospigliosi cuestiona a la Corte IDH
El congresista de Fuerza Popular y autor de esta iniciativa, Fernando Rospigliosi, alegó que la Corte IDH está totalmente “politizada” y “desfasada”, y que no debería interferir en las decisiones adoptadas por el Parlamento.
“Es indignante que este organismo, totalmente politizado y desfasado, meta las narices en un asunto que no le compete. Esto no tiene nada que ver con las atribuciones que tiene este organismo y corte […]. Esto es indignante y debe ser rechazado de la manera más enérgica por el Gobierno peruano”, declaró en el programa ‘Ampliación de Noticias’.
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“Están tomando pretextos sin ningún fundamento para meter las manos en un asunto que nos les compete en absoluto. La decisión soberana del Congreso no puede ser interferida por esta gente”, agregó
En ese sentido, Rospigliosi negó que la normativa tenga “nombre propio” y beneficie a determinadas personas, entre ellos los agentes del desactivado Grupo Colina, un destacamento paramilitar del Ejército peruano.
“La Corte IDH ha ido cambiando y cada vez se ha convertido más en un organismo sesgado y politizado. Esos casos [La Cantuta y Barrios Altos] fueron sancionados y sentenciados en su debido momento, a principios de la década del 2000 y no tienen nada que ver con la ley que se ha aprobado en el Congreso”, precisó.
“No es una prescripción del delito de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Ese caso que algunas personas interesadamente han pretendido presentar como supuesto. Es falso, los miembros del Grupo Colina fueron capturados el 2002 y procesados y sentenciados… Fueron juzgados en un lapso de diez años; por tanto, sus sentencias son firmes y esta ley no les afecta en absoluto”, añadió.
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Sergio Espinoza Periodista
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