Víctor Torres, en vez de explicaciones, lo que ofreció durante su interpelación fue básicamente disculpas ante los peruanos que han perdido familiares y que viven bajo la amenaza creciente de una criminalidad que manifiestamente no viene siendo enfrentada con plan ni eficacia.
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Ayer se produjeron las interpelaciones a la ministra de Cultura y al ministro del Interior. Lo primero que hay que destacar es que pese a la gravedad de lo que estaba en juego, solo una mínima parte de los congresistas asistió a lo que es un deber de su función: ejercer control político sobre los titulares de dos sectores. No se entiende que las interpelaciones hayan sido aprobadas por amplia mayoría y que más de ochenta por ciento de los miembros del Congreso no se hayan tomado la molestia de asistir al Hemiciclo.
Sobre el fondo, la ministra de Cultura dio explicaciones sobre la manera en que modificó el mecanismo digital de compra de entradas a la ciudadela inca de Machu Pichu. Y es difícil dudar de que, por imperfecto que haya sido el procedimiento, se trataba de evitar el aprovechamiento corrupto de parte de los ingresos.
Muy distinto es el caso del ministro Víctor Torres que, en vez de explicaciones, lo que ofreció fue básicamente disculpas ante los peruanos que han perdido familiares y que viven bajo la amenaza creciente de una criminalidad que manifiestamente no viene siendo enfrentada con plan ni eficacia.
Son penosos los detalles sobre el mercado ilegal de armas, el descontrol en las fronteras, las carencias en las comisarías y la incapacidad de ubicar a fugitivos notorios como el exministro Silva y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Pero el general Roberto Chiabra enfocó su intervención en un aspecto esencial: no se tendrá éxito en la lucha por la seguridad ciudadana mientras no se respete a la institución policial. Y no hay mayor falta de respeto que remover a su comandante general sin la formulación objetiva de una “falta grave”.
El ministro interpelado parecía ignorar que el Congreso ha aprobado una ley para que, en la Policía, de la misma manera que en las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía ejerza durante dos años y no tenga que trabajar bajo la amenaza de una interrupción arbitraria de su mandato. Peor aún, el ministro Torres ni siquiera asistió a la ceremonia de juramentación del actual comandante general. Sobre esa ausencia, no dio ninguna explicación.
Las cosas como son
Fernando Carvallo Columnista
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