En Ampliación de Noticias, el congresista Eduardo Salhuana calificó de poco acotado el texto sustitutorio propuesto por la Comisión de Constitución que no incluyó diversos delitos graves para limitar la participación de condenados a cargos de elección popular.
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Eduardo Salhuana, congresista de Alianza para el Progreso (APP), consideró que el Congreso de la República no cumplió con el país, luego de que el Pleno decidió devolver a Comisión de Constitución el proyecto de ley que impide la postulación de sentenciados a cargos de elección popular.
“No se tuvo quizá la serenidad en ese momento de plantear un cuarto intermedio antes que una cuestión previa, que lo que hacía era regresar el dictamen a la Comisión de Constitución. En todo caso es un tema que el Congreso debió cumplir con el país y no lo hemos hecho lamentablemente”, dijo el parlamentario en Ampliación de Noticias.
Como se sabe, el Pleno del Congreso no halló consenso para avanzar en la reforma constitucional que prohibía la participación, en elecciones, de personas que cumplieron condena por delitos graves hasta diez años después de encontrarse rehabilitadas.
El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones también calificó de poco acotado el texto sustitutorio propuesto por la Comisión de Constitución que no incluyó diversos delitos graves para limitar la participación de condenados a cargos de elección popular.
“En este tema no se tomó la decisión correcta. Lo que propuso la Comisión de Constitución era muy poco acotado, no incluía diversos delitos y lógicamente esto generó el reclamo y la propuesta de otras bancadas parlamentarias. Lo más idónea era ir en ese momento a una cuestión previa para revisar el texto y volverlo a votar. Lamentablemente se planteó una cuestión previa de retorno a la Comisión y creo que eso ya no va a permitir que se vea en esta legislatura y pasará para la siguiente en agosto”, indicó.
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Con 90 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso decidió que regrese a la Comisión de Constitución la propuesta de ley prohibía la participación, en elecciones, de personas que cumplieron condena por delitos graves.
La propuesta legislativa no halló consenso entre los congresistas ya que los delitos de homicidio, tráfico de drogas, secuestro, entre otros delitos; fueron excluidos del texto que fue presentado en el Pleno por la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano. El texto solo considera los delitos de terrorismo, tráfico de drogas, rebelión, sedición y motín.
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