"Dina Boluarte no ha conversado con ninguna fuerza política", afirma su abogado

Alberto Otárola, abogado de la vicepresidenta Dina Boluarte, en diálogo con RPP Noticias, señaló que su defendida "no está a la expectativa" del resultado de la sesión del pleno en la que se debatirá y votará la tercera moción de vacancia presidencial, programada para el próximo miércoles, 7 de diciembre.

"La señora Boluarte y su equipo están concentrados en su función como vicepresidenta y en conseguir el archivamiento de este caso (la presunta infracción constitucional). No se ha conversado de nada más. No existe un pensamiento en ella que esté a la expectativa de la sesión del miércoles", sostuvo.

Asimismo, indicó que Boluarte no se ha reunido ni conversado "con ninguna fuerza política" ante una eventual sucesión constitucional de la presidencia de la república.

"Ella no está conversando con ninguna fuerza política ni tampoco creo que lo hará para forzar o adelantar una situación que tiene que resolverse única y exclusivamente en un poder del Estado que es el Congreso", indicó.

Sin embargo, el abogado y exministro de Defensa consideró que, en caso el presidente Pedro Castillo sea vacado del cargo, "se tendría que aplicar la Constitución".

"Ella es vicepresidenta de la república, fue elegida en la misma fórmula que el presidente y está dedicada única y exclusivamente a sus tareas como vicepresidenta", remarcó.

"Subcomisión ha respetado el debido proceso"

Por otro lado, durante la mañana de hoy, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) decidió aprobar el informe que recomienda archivar la denuncia por presunta infracción constitucional contra la vicepresidenta de la república. Al respecto, Otárola consideró que dicho grupo de trabajo actuó respetando "el debido proceso".

"Han sido 8 meses en que se ha procesado esta investigación con la Dra. Boluarte y han pasado varias cosas interesantes. Por ejemplo, yo creo que es la primera vez que el abogado de una parte investigada puede contra interrogar a los testigos. Eso no se producía en el Parlamento, que está sentando las bases para respetar, ahora más que antes, el debido proceso", indicó.

En ese sentido, el jurista consideró que la SAC resolvió el caso considerando lo que establece el "derecho constitucional".

"Más allá de que la votación haya sido bastante favorable, porque son 13 votos a 8, en este caso se ha podido analizar, a la luz del derecho constitucional, la situación de un ministro de Estado que es acusado por presunta infracción constitucional al haber regularizado una tramitación notarial que es lo que se demostró", refirió.

Asimismo, consideró que el paso del informe a la Comisión Permanente será "un mero trámite" y confió en que la acusación será enviada "definitivamente al archivo". A su vez, elogió el trabajo del congresista Édgar Reymundo en la sustentación del informe.

"En el informe, se hace una sustentación constitucional sobre la base de lo que se llama la interpretación sistemática de la Constitución, que parte de una base elemental: si un ministro ha suscrito actos a favor de una institución privada, de manera sistemática nos vamos a las obligaciones del ministro (…): dirigir las políticas públicas y no afectar el erario del Estado. Entonces, sobre la base de la concordancia práctica de estos artículos, el congresista ha concluido que no se ha producido la infracción constitucional", explicó Otárola.