La congresista Digna Calle será investigada por solicitar licencias constantes, lo que se entiende como el incumplimiento de sus funciones como parlamentaria. Ella afirmó que no volverá al Legislativo de manera presencial.
La Comisión de Ética aprobó este lunes, con 15 votos a favor y 1 en contra, el informe de calificación que recomienda iniciar una investigación contra la congresista Digna Calle, por solicitar licencias constantes para no asistir de forma presencial al pleno del Parlamento.
Calle comenzó a pedir licencias para viajar a Estados Unidos en enero pasado y permanecer ausente del Legislativo. Ella ya regresó al país, pero aún así no acude a sus labores presenciales.
Digna Calle anunció en el programa Cuarto Poder que no irá a los plenos de manera presencial y que seguirá participando de manera virtual. En ese sentido justificó su decisión señalando que el reglamento se lo permite.
“Yo no voy a ir al Congreso de la República, no voy a ir al pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar, mientras esté en Lima voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores en mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, dijo la parlamentaria.
La legisladora afirmó que el reglamento del Parlamento le permite despachar de manera virtual, y que ese es el caso en varios plenos en los que, aseguró, hasta un 60% de congresistas asisten bajo esa modalidad. Además, indicó que lo mismo sucede en las comisiones ordinarias.
¿A mí de que me van a señalar? ¿Qué le he mochado el sueldo alguien? ¿Qué estoy en una investigación?”, añadió.
La parlamentaria trató a fines de julio ampliar por 60 días más su licencia sin goce de haber, pero la Mesa Directiva del Congreso denegó su solicitud.
Calle afronta dos denuncias constitucionales. La primera fue presentada por la legisladora Kelly Portalatino (Perú Libre) que solicitó que su colega sea inhabilitada de ejercer la función pública por tres años. Esto, al considerar que su situación es "incompatible con el ejercicio parlamentario".
La segunda denuncia constitucional fue presentada por Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, quien señaló presuntos delitos de abandono de cargo y abuso de autoridad de Digna Calle al ausentarse de sus labores. En este caso, propone que la congresista sea inhabilitada por diez años de la función pública.
Aprueban más investigaciones
La comisión de Ética también aprobó este lunes los informes de calificación de expedientes contra los parlamentarios Edwin Martínez (No Agrupados), Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) y Héctor Valer Pinto (Somos Perú).
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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