Dictamen aprobado por el Congreso sobre ley contra crimen organizado buscaría que los parlamentarios se cubran la espalda, consideró experto

El dictamen aprobado por el Congreso de la República que excluye 59 delitos de la ley contra el crimen organizado buscaría que los parlamentarios se cubran la espalda, consideró el director ejecutivo de Capital Humano Social (CHS) Alternativo, Ricardo Valdés.

“Muchos de estos delitos tienen que hacer con corrupción. Entonces lo que estamos viendo, tratándose de congresistas en cuyas tiendas políticas hay muchos casos de corrupción, es que están legislando para de alguna forma cubrirse las espaldas”, dijo el experto a RPP.

En esa línea, Ricardo Valdés indicó que “el segundo punto de este dictamen se libera a los partidos políticos de la afectación de sus activos y de sus bienes, en caso de que ellos estén involucrados en temas de criminalidad organizada”.  

Como se sabe, el pasado jueves 30 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó en primera un dictamen del proyecto de ley 5981 que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado.

Se elimina factor sorpresa en allanamientos

En Ampliación de Noticias, el especialista también cuestionó que este proyecto plantea que los allanamientos se realicen con la presencia del investigado involucrado y su abogado.

“Este dictamen, que ya ha sido aprobado en primera votación y que nos preocupa mucho que vaya a pasar al pleno y que sea realmente aprobado y se aplique, lo que hace es varias cosas: el primero establece que para los allanamientos tiene que avisársele previamente al abogado y al afectado. Eso ha generado muchas críticas a nivel del Ministerio Público y de todos aquellos que ven en esto una torpeza. Eso es algo que no debiera ocurrir. El factor sorpresa se elimina. […]”, indicó.

“En este caso es una exageración que lo que va a hacer es eliminar precisamente la posibilidad de encontrar pruebas y elementos que ayuden a la investigación, como ha ocurrido en el caso de la presidenta Boluarte y otros casos adicionales. Entonces yo creo que por ahí hay una lectura política también de la intencionalidad de esta norma”, agregó.