Con 57 votos a favor y 51 en contra, el Pleno del Congreso aprobó una cuestión previa para que el dictamen que establece que partidos políticos puedan recibir aportes de empresas privadas retorne a la Comisión de Constitución. La propuesta había sido incluida en la agenda parlamentaria de hoy por decisión de Junta de Portavoces.
El dictamen que, entre otros puntos, restituye en el Perú el financiamiento privado de personas jurídicas, como las empresas, a partidos políticos regresará a la Comisión de Constitución para su análisis tras una decisión tomada en mayoría por el Pleno del Congreso.
La iniciativa había sido incluida en la agenda del Pleno de hoy tras una decisión tomada por la Junta de Portavoces. Sin embargo, durante el debate del texto surgieron discrepancias entre los legisladores de diferentes bancadas por las modificaciones que se contemplan respecto al uso de los recursos del Estado que reciben actualmente los partidos políticos con representación en el Parlamento y los nuevos límites de aportes de privados.
Por ello, el congresista Jaime Quito, de la Bancada Socialista, presentó una cuestión previa para que el dictamen retorne a la Comisión de Constitución a fin de que sea aspecto de un mayor estudio por parte de las bancadas.
"Aquí lo único que se está haciendo no es combatir el financiamiento ilegal, sino lo que se está haciendo es legalizar la captura de las empresas de todas estas instituciones [organizaciones políticas]. Por esa razón, considero que este proyecto tiene que regresar a Comisión", señaló.
La cuestión previa fue aprobada por 57 votos a favor y 51 en contra.
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¿Qué contempla la iniciativa?
Además de restablecer el financiamiento de empresas a partidos, también establece disposiciones para el empleo del financiamiento público que reciben las organizaciones políticas con representación en el Congreso. Entre ellas, que puedan usar estos recursos para el pago de abogados a sus dirigentes.
La ley vigente contempla actualmente que personas naturales puedan realizar donaciones a organizaciones políticas. Las empresas podían aportar a campañas electorales hasta el año 2018, pero este aspecto se modificó tras la revelación del caso Lava Jato.
El texto aprobado por el Congreso, además, eleva el tope de 120 UIT (S/. 618,000) a 200 UIT (S/. 1,030,000) que cada aportante privado puede entregar a cada organización política; y contempla una figura que permite una figura de financiamiento confidencial, aspecto que ha sido cuestionado por especialistas en materia electoral porque afectaría a la transparencia del aporte.
¿Preservar la confidencialidad?
Durante la sustentación de la iniciativa, el vicepresidente de la Comisión de Constitución, Luis Ángel Aragón, se refirió a los cuestionamientos realizados a la propuesta por la inclusión de una figura que permitiría el financiamiento confidencial a partidos políticos.
La iniciativa aprobada por el Pleno establece que los aportantes canalicen sus recursos a las organizaciones políticas a través del Banco de la Nación, el cual -dijo Aragón- "actuará como depositario de los aportes resalizados de manera parcialmente confidencial, es decir, sin conocimiento del partido político a financiar".
Bajo este mecanismo, el Banco de la Nación sería el ente obligado no solo a mantener la reserva de los datos de identificación del aportante, sino también la labor "de verificar la legalidad de dichos caudales", señaló el también congresista de Acción Popular.
"Esta figura jurídica que algunos llaman un aporte fantasma, un aporte ciego, busca evitar el conflicto de interés que pudiese suscitarse con las personsa jurídicas aportantes y reducir el clientelismo en el financiamiento, así como también reducir la influencia del aportante en la organización política a la par que va a asegurar el cumplimiento de los límites establecidos", sostuvo.
En su intervención, Susel Paredes, de la bancada Bloque Democrático Popular, señaló que la posibilidad de permitir financiamiento confidencial no solo afecta a la transparencia del aporte, sino que "se legaliza el lavado de activos en los partidos políticos".
"No nos olvidemos que hay personas procesadas por lavado activos, por recibir plata para los partidos políticos (...) Además, el pueblo perauno con su plata va a financiar los abogados de esos partidos, ¿le vamos a pagar los abogados a esos dirigentes que tienen problemas penales?", criticó.
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Karina Valencia Pantoja Periodista
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