Esta reconsideración fue presentada por la congresista Flor Pablo Medina en junio del año pasado y recién este miércoles fue puesta en agenda. La parlamentaria criticó la decisión porque asegura que atenta contra la meritocracia.
El Pleno del Congreso rechazó este miércoles, con 64 votos en contra, 28 a favor y 23 abstenciones, la reconsideración de la votación del dictamen que proponer autorizar el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular.
La reconsideración fue presentada por la congresista Flor Pablo en junio del año pasado, pero recién se ha visto esto luego de doce meses.
Esta iniciativa, que acumula los proyectos 1231, 1293, 2366 Y 2534 al proyecto de ley 1587, autoriza que los docentes contratados en educación básica regular con más de tres años de experiencia podrán aplicar al nombramiento. A ellos se le suman los profesores que hayan accedido a la plaza del contrato mediante concurso público, si es que la plaza a la que aspira está vacante y formalmente presupuestada y que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.
El mismo Gobierno rechazó en su momento la propuesta legislativa porque señalaban que atenta contra la meritocracia en el sector y aumenta la brecha en calidad educativa porque "no nos permite escoger a los mejores docentes para los alumnos de la educación pública".
Indignación
La parlamentaria Flor Pablo criticó, a través de sus redes sociales, que no se reconsiderara el dictamen aprobado por sus colegas, manifestando los problemas que traerá para la educación.
"Esperaron un año para votar la reconsideración que presenté. Hoy la mayoría negoció la educación y aprobaron el nombramiento automático de cerca de 200 mil docentes contratados. Destruyen la meritocracia y condenan a los peruanos a una educación mediocre. ¡Quieren una educación a medida de esta mayoría congresal que está destruyendo el país!", escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.
“Retroceso histórico en la lucha contra la corrupción”
De acuerdo a la nueva ley, la Fiscalía puede investigar como organización criminal a las empresas, las universidades y hasta las iglesias. Pero no a los partidos políticos.
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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