Congreso prioriza proyectos sin debido análisis y estanca otros que son importantes para la población, según expertos

Desde que inició el periodo legislativo este 2024, los congresistas han aprobado diversas leyes que les facilitan el camino hacia las Elecciones Generales 2026. Una de ellas incluso les permite postular a distintos cargos públicos como gobernadores, alcaldes y hasta Presidente de la República en los próximos comicios.

Mientras tanto, proyectos importantes como el que limita la participación en elecciones de condenados por delitos graves como homicidio o terrorismo sigue a la espera de debate, según se ha reportado continuamente en El Poder en tus Manos de RPP. ¿Por qué el Congreso no legisla las iniciativas que afectan directamente la vida de los peruanos? 

Lento avance en la reforma de pensiones 

Otra de las iniciativas que no se ha priorizado, y que toca directamente el bolsillo de todos los ciudadanos, ha sido la reforma de pensiones. Desde el 2021, con el primer retiro de los fondos de la AFP, se han presentado al menos 60 proyectos de ley sobre este tema. Sin embargo, fue recién en mayo de este año que la Comisión de Economía aprobó el dictamen para la modernización del sistema de pensiones.

La propuesta, de acuerdo al texto, se basará en los pilares "no contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario". Además, entre otros puntos, se indica que "está prohibido el retiro extraordinario de los fondos acumulados en las cuentas individuales de los afiliados que aportaron obligatoriamente". 

Encontrar una reforma de pensiones perfecta cuando en el Perú el 70% de la población económicamente activa es informal no es una tarea fácil, por eso es importante que se priorice, sostiene el exministro de Economía, David Tuesta.  

"Venimos postergando propuestas de reformas de pensiones desde hace bastante tiempo. Ya está el dictamen. Mientras más tiempo se pierda, lo único que hacemos es postergar una ineludible atención a este problema", precisa.

Esta reforma se debatió el miércoles 29 de mayo y fue aprobada en el Pleno del Congreso con 56 votos a favor, 47 en contra y 10 abstenciones. Según el reglamento, deberá ser sometido a una segunda votación durante la próxima semana.

¿Retrocesos en la lucha contra la violencia hacia la mujer?

En octubre del 2022 se propuso un proyecto de ley para sancionar a los funcionarios públicos que no atiendan las denuncias de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. La propuesta fue derivada a la Comisión de la Mujer y Familia, que aprobó un dictamen en diciembre del 2023. Desde esa fecha el texto permanece a la espera de ser incluido en la agenda del Pleno.

Para la experta en temas de género y profesora de la Pacífico Business School, Natalia Manso, es fundamental que se refuercen los mecanismos de sanción contra los funcionarios que "entorpecen la recepción y avance de las denuncias". Indica que si bien, la iniciativa señala como algunas causas de este problema la falta de probidad, especialización, agilidad o la imposición de exámenes físicos y psicológicos, "omite de manera clara y contundente aspectos que los y las usuarias del sistema de denuncia viven y conocen: la corrupción".

"No son solo los policías quienes suponen un obstáculo en el largo y tortuoso camino que emprende una víctima cuando denuncia, hay otros funcionarios que, a lo largo del sistema de justicia, colaboran a que solo una de cada 200 denuncias por violencia de género acaben en una sentencia condenatoria", indica.

Manso también cuestionó la demora con la que se discute el tema en el Poder Legislativo al sostener que "estamos ante el parlamento de los retrocesos en los derechos para las mujeres y cada decisión que se toma en esta instancia es un paso atrás".

"Honestamente, no veo voluntad política de abordar el problema del trato que reciben las mujeres en las comisarías de policía, la falta de capacitación de sus funcionarios o los recursos materiales para el abordaje de la violencia familiar (…) La violencia de género es un asunto impostergable al que la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial han mostrado no ser capaces de combatir como guardianes de la ley y los derechos civiles", sostiene.

Propuestas sin mayor análisis en Educación y Cultura 

Mientras tanto, existen iniciativas que se han propuesto y aprobado que no han contado con el estudio y análisis debido, de acuerdo a expertos consultados por RPP Data. En abril del 2024, el Parlamento aprobó -por insistencia- la norma que reincorpora a los profesores interinos que habían desaprobado la evaluación docente del 2014. 

El exministro de Educación, Daniel Alfaro, señala que esto permitiría que un docente que no ha pasado las evaluaciones y que tampoco han sido contratados en los últimos años por el Minedu, ingrese a un salón de clases.

"Eso es atentar contra el derecho del niño que podría tener en esa clase a un docente que [sí] haya demostrado en los distintos concursos o evaluaciones sus competencias y se le asegure el mejor profesor posible", considera. 

Agrega también que implica una "perforación a la reforma magisterial y que está dentro del paquete de leyes antireforma que el Congreso está persiguiendo en los últimos años". 

En el sector Cultura, luego del estreno de la película "La piel más temida", se presentó una iniciativa que propone modificar los requisitos para los proyectos cinematográficos que busquen financiamiento ante el Ministerio de Cultura. Uno de estos criterios es para "evitar que se modifique o tergiverse los acontecimientos históricos vivido en territorio nacional producto del terrorismo entre los años 1980 y 2000", indica el texto.

Para el abogado especialista en derecho audiovisual, Michel Salazar, esta propuesta evidencia el desconocimiento que tiene el Congreso sobre la cultura cinematográfica y las necesidades del sector. "[Lo que proponen] ya está en el reglamento de la Ley de Cine que tiene un principio de neutralidad. Se hace referencia explícita a que el Ministerio de Cultura debe actuar con neutralidad respecto a los contenidos de las obras y proyectos", explica. 

Además, sostiene que no es un proyecto beneficioso y que "busca controlar contenidos de todo lo que se financia, contraviniendo a la libertad creativa y la expresión de las personas".

Los congresistas fueron elegidos para representar los intereses y las necesidades de todos los peruanos. Con una desaprobación de más del 90%, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), se hace cada vez más necesario que asuman esta responsabilidad al momento de legislar.