Los parlamentarios Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín presentaron este recurso contra los fiscales Juan Carlos Villena, Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez.
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Los congresistas José Cueto, de Honor y Democracia; Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y Alfredo Azurín de Somos Perú presentaron este miércoles una denuncia constitucional contra la Junta de Fiscales Supremos por supuestamente publicar un reglamento contrario a la norma que devuelve las facultades de investigación a la Policía Nacional. Esta ley había sido aprobada en el Parlamento hace unos días.
En la acusasión están incluidos los fiscales Juan Carlos Villena, Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez. Todos son señalados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
Los parlamentarios señalan que los fiscales supremos cometieron infracción a la Constitución y por ello piden la inhabilitación en el ejercicio del cargo público por diez años para ellos.
El congresista Fernando Rospigliosi señaló a RPP que el pasado 14 de octubre, tras la oficialización de la norma que devuelve la dirección de las investigaciones preliminares a la Policía Nacional, la Fiscalía emitió un comunicado en el que anunciaba la publicación de un reglamento destinado a uniformizar y optimizar la actuación fiscal en la investigación de delitos, en coordinación con la PNP.
Para Rospigliosi, lo hecho por los fiscales es una clara afrenta a la ley que días antes fue aprobada por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo.
¿Qué señala la denuncia constitucional?
Según se lee en el documento, los Fiscales Supremos incluyeron dentro de su contenido disposiciones reglamentarias de obligatorio cumplimiento por parte de todos los fiscales que realizan investigaciones de acuerdo al Código Procesal Penal, que son contrarias al texto de la Ley № 32130.
"Los Fiscales Supremos denunciados han incurrido en un evidente e ilegal abuso de sus atribuciones; al haber incluido dentro de su contenido disposiciones reglamentarias de obligatorio cumplimiento por parte de todos los fiscales que realizan investigaciones de acuerdo al Código Procesal Penal, que son contrarias al texto expreso y claro de la Ley № 32130, pretendiendo indebida e ilegalmente que en todo el país se sigan aplicando normas y articulados del Código Procesal Penal, que han sido ya derogados y/o modificados por la Ley antes mencionada", recalcan.
El riesgo de acostumbrarnos a autoridades bajo sospecha
¿Cómo sorprendernos si el propio Pedro Castillo enfrenta seis investigaciones fiscales y sus abogados multiplican los recursos para que se paralicen las investigaciones?
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Pedro Luis Ramos Martinez Periodista
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