Congreso perdió una oportunidad al estancar ley que impide que condenados participen en elecciones, advierten expertos

A dos días para el cierre de la primera legislatura del año, y después de seis meses de encontrarse en cuarto intermedio (pausa para su evaluación), el proyecto de ley que propone limitar la participación en elecciones de personas que cumplieron condena por delitos graves, volvió a ser debatido en el Pleno del Congreso, pero una vez más se estancó y no pudo ser aprobado. 

Los congresistas no pudieron llegar a un acuerdo respecto a los delitos que deberían ser considerados en esta norma y que evitarían que personas con antecedentes penales se postulen a cargos públicos de elección popular. 

El texto inicial del proyecto que fue aprobado en la Comisión de Constitución consideraba una lista de once delitos: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria. 

Sin embargo, la congresista Martha Moyano, quien preside la Comisión de Constitución y que tuvo a cargo la sustentación del proyecto en el Pleno, presentó un nuevo texto que sólo consideró cinco delitos: terrorismo, tráfico de drogas, rebelión, sedición y motín. 

Esto generó discusiones y controversias en el hemiciclo. Congresistas de las bancadas de Acción Popular, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, reclamaron el retiro de seis delitos graves, mientras que sus pares de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, respondieron a las críticas señalando que era un pretexto de la izquierda para frenar el proyecto y permitir así que los condenados por terrorismo participen en elecciones. 

"Una oportunidad perdida"

El abogado constitucionalista Erick Urbina señaló que el debate frustrado de este proyecto resultó ser una oportunidad perdida: “me parece realmente la pérdida de una gran oportunidad que tenía el Congreso de la República para poder proteger de una u otra manera a los ciudadanos en las próximas elecciones”, opinó.

Indicó que espera que el proyecto vuelva a ser debatido pronto a nivel de la comisión para que finalmente ingrese al Pleno en la próxima legislatura pues la presente termina el sábado 15 de junio. 

Se debe tener en cuenta que, de existir voluntad para sacar adelante este ley, el Congreso tiene sólo la legislatura de este año que va de julio a diciembre. En este periodo tendría que votarse y obtener más de 87 votos a favor. 

Posteriormente, tendría que ser votada por segunda vez a más tardar en marzo, con el inicio de la primera legislatura de 2025 porque, al siguiente mes, en abril, se convocará a elecciones y las leyes de impedimentos a candidatos que no lograron ser aprobadas, no aplicarán en los comicios de 2026.

Pesimismo por su aprobación

Heber Joel Campos, profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), se muestra pesimista en que esta iniciativa legislativa logre luz verde. “Por cálculo político se dejó de lado una iniciativa que hubiese evitado que nuestras próximas autoridades tengan antecedentes graves. Si bien esta iniciativa no se ha archivado del todo, parece poco probable que sea aprobada antes de las elecciones”, remarcó. 

“Creo que acá hay un oportunismo político porque en buena cuenta se estaría sacando de la carrera presidencial a un potencial candidato como Antauro Humala y dejándose como expedito candidato al señor Alberto Fujimori, porque él precisamente tiene una condena por hechos de corrupción y, consecuentemente, estamos frente a un proyecto de ley fallido”, expresó por su parte el abogado penalista Carlos Caro. 

Mucho se ha hablado de que esta ley era una norma con nombre propio porque, con su aprobación, la postulación de Antauro Humala, líder etnocacerista quien fue condenado a 25 años de prisión (aunque cumplió con su condena en 17 por diversos factores) por los cargos de homicidio, secuestro agravado, sustracción de arma de fuego y rebelión en agravio del Estado, sería imposible. 

Humala lideró el denominado 'Andahuaylazo', evento en el que una comisaría de la ciudad de Andahuaylas fue tomada por él y sus seguidores y como saldo de esa toma en armas fueron asesinados cuatro policías en enero del 2005.

Sin embargo, más allá del factor ‘Antauro’, la propuesta original, la que consideraba once delitos, se convertía en un importante filtro para las más de 13 mil autoridades que los peruanos y peruanas tendrán que elegir en el 2026, cargos que van desde la Presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino. También en los gobiernos regionales, consejerías regionales, alcaldías provinciales y distritales, y regidurías. 

Al Congreso le quedan escasos meses para sacar adelante esta importante ley. El tiempo corre en contra.